Vigilará se cumpla el debido proceso y no se violen sus derechos humanos, civiles y garantías individuales en una deportación, en especial de padres, que propicie la separación de familias. Se fortalecerá el Programa de Asistencia Legal en el Exterior, garantizó.
Afirmó que “no hay masificación en la deportación de connacionales” e hizo votos por que no se presente. Indicó que prioritariamente los recursos se destinan a robustecer la atención jurídica en los consulados, analizar cada caso y emitir un diagnóstico migratorio individual, lo cual es “fundamental para deportar a menos gente”.
Al informar a los diputados la situación actual de la relación binacional, junto con Jacobo Prado González, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, el subsecretario Sada Solano destacó: se requiere un marco jurídico que aliente a los consulados a ofrecer servicios completos de forma oportuna a los connacionales.
Sobre el Tratado de Libre Comercio, estimó que será una negociación integral, “es un paquete completo de temas que no se van a tratar por separado”. Se incluirá el mismo TLC, migración, acuerdos de las aguas en la frontera o la Iniciativa Mérida, mecanismo que se revalúa. Por el momento, se sientan las bases para que en los próximos meses inicie este proceso y conocer las condiciones.
Resaltó la importancia de que la Cámara de Diputados y el Senado estén presentes con diferentes perspectivas en las mesas de negociación en donde todos ganemos. “Ganar-ganar es el nombre de esta negociación, de otra manera no puede ser”. “No nos quedaremos cruzados de brazos ante lo que puede suceder”, se busca diversificar los mercados con Europa y Brasil, y países asiáticos.
El diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (PRI), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, apuntó que existe certidumbre y rumbo en la conducción de la relación con EU ante la compleja coyuntura actual.
“México no está mudo” y a través de acciones legislativas el Congreso puede condenar la eventual separación de familias con la deportación. Convocó a diseñar un punto de acuerdo que rechace esta práctica.
Se pronunció por que el diálogo, la inteligencia y la tolerancia conduzcan a un entendimiento en la relación con Estados Unidos. El gobierno mexicano también tiene posibilidades de entrar en confrontación con una política fiscal, en caso de que se graven las remesas de los connacionales.
Reconoció que hay mucho por hacer para difundir la serie de acciones en apoyo a nuestros migrantes para enfrentar la incertidumbre, el miedo y el desconocimiento.
Por el PRD, el diputado Agustín Basave Benítez sostuvo que separar a las madres de sus hijos como se pretende “es una monstruosidad, una perversión y un atentado a los derechos humanos que debe denunciarse. “No ha habido una respuesta contundente de la Cancillería. Hay tibieza del gobierno mexicano respecto a Donald Trump”. Pidió detener la construcción del muro en las cortes internacionales, y urgió a fijar fecha para que comparezca el secretario de Relaciones Exteriores.
La legisladora Marisol Vargas Bárcena, del PAN, refirió la falta de una estrategia de Estado enérgica y contundente para atender a fondo el problema bilateral con Estados Unidos; al no existir, propicia que “estemos aguantando los golpes”. Preguntó si hay una táctica de largo plazo para atender esta problemática.
La diputada Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano), expresó su preocupación por que en años no ha comparecido el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para aclarar las dudas de los legisladores. “Queremos ver un gobierno más fuerte”, que defina las acciones que implementará en materia comercial y para proteger las remesas enviadas por los migrantes. Sugirió hacer un extrañamiento, desde la Cámara de Diputados, al gobierno federal por no haber definido claramente la estrategia a seguir para frenar las hostilidades de EU.
La legisladora Gina Cruz Blackledge (PAN) urgió a implementar acciones contundentes por parte del gobierno mexicano ante la eventual deportación de madres y, por ende, la separación con sus hijos. Pidió canalizar oportunamente recursos al Instituto Nacional de Migración, a fin atender a los repatriados.
También del PAN, la diputada Cecilia Romero Castillo propuso que el Programa Paisano sea permanente, ya que su función mediante la participación transversal de veinte dependencias, garantizaría dar a los connacionales tranquilidad y certidumbre de que ante una posible repatriación tendrán atención integral. Sugirió actualizar el Tratado de Libre Comercial sin prisas, hasta que los tres socios lo acuerden y no sólo uno. Se requiere difundir las condiciones en que puede ejercerse una deportación.
La legisladora Martha Cristina Jiménez Márquez (PAN) inquirió sobre las medidas para lograr una mejor renegociación comercial, cuáles son los avances para apoyar a los migrantes, y qué acuerdos se han logrado en términos operativos en ciudades estadounidenses, así como la canalización eficiente de presupuesto a los centros de defensoría.
Por el PRI, el diputado Francisco Escobedo Villegas solicitó ante la complejidad y repercusiones de la relación con EU “generar decisiones equilibradas que defiendan con energía y mayor firmeza a los connacionales”. Preguntó si hay condiciones y personal suficiente en los consulados para que los migrantes mexicanos acudan y se les atienda de manera eficiente, con el propósito de alentar un clima de confianza y tranquilidad en nuestra gente en Estados Unidos.
El legislador priista, Alfredo Anaya Orozco, propuso diseñar un esquema multiinstitucional para que el sector privado conozca a los connacionales que regresen, en virtud del interés que tiene por contratarlos debido a su capacitación y preparación obtenidas. De esa forma se establecerá un mecanismo informativo, ya que existe gran preocupación por la deportación.
Jacobo Prado González, director general de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reseño las actividades de la red consular en la Unión Americana, mediante la cual se coordinan las acciones para enfrentar la nueva realidad migratoria establecida por aquel gobierno.
Destacó la relevancia del programa de los centros de defensoría legal para que los paisanos conozcan sus derechos en caso de una detención migratoria y logren defenderse. Es necesario difundir las alternativas jurídicas que los protejan; en caso de una deportación se requiere atender que se realice con pleno respeto a los derechos humanos.
Para elevar la cobertura y fortalecer la emisión de documentos a los connacionales, trabajan 390 consulados móviles y 757 sobre ruedas en jornadas de fines de semana, a lo cual se suman las actividades de organizaciones civiles que impulsan el empoderamiento de los paisanos.
Subrayó que en la red de 50 consulados en EU, de noviembre a febrero aumento en 31 por ciento la expedición de actas de nacimiento y 35 por ciento la solicitud de certificación de dicho documento; las llamadas telefónicas sobre asesoría legal se incrementaron en 129 por ciento en el mismo lapso.
Para concluir, comentó que se implementará la asesoría personalizada para que los migrantes conozcan cómo proteger su dinero y hacer transferencias seguras, a fin de proteger su patrimonio.
