En el marco de la Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la integrante de la Fracción Parlamentaria de Morena urgió a reforzar la promoción de responsabilidades penales derivadas de las irregularidades detectadas por la ASF.
“La sociedad exige que se reduzca la corrupción y esto debe vincularse a un mejoramiento en la efectividad de la fiscalización para sancionar a los funcionarios que cometen irregularidades no sólo en el manejo de recursos, sino en todos los reinos del nepotismo, tráfico de influencias o malversación del dinero”, recalcó.
Señaló que de acuerdo con el reporte de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de dicha Comisión sobre las auditorías del gasto federalizado, la promoción de responsabilidades administrativas pasó de 224 por ciento en 2009 a sólo 82 por ciento en 2014.
“Este indicador es sumamente preocupante, pues significa que el trabajo de la Auditoría está generando cada vez menos sanciones a funcionarios implicados en actos de corrupción. Hemos mejorado o es un problema de cómo se están llevando a cabo las auditorías, dado que hay evidencia de que existe la corrupción y una completa impunidad”, cuestionó.
Respecto a las recomendaciones atendidas por los entes fiscalizados, en 2009 se reportaron más de 4 mil, mientras que hace dos años únicamente fueron mil 815. Esto significa, agregó, que se emitieron 1.3 recomendaciones por auditoría practicada, lo que evidencia que la ASF cada vez emite menos recomendaciones y que éstas tampoco son atendidas.
“Teniendo en cuenta las urgentes necesidades de mejora, no resulta razonable que se haya reducido el número de recomendaciones emitidas y de las atendidas”, apuntó la legisladora capitalina.
En cuanto al porcentaje de recuperaciones dinerarias, destacó que éstas también han sufrido un comportamiento negativo, derivado de que en 2012 la Auditoría Superior de la Federación recuperó el 0.8 por ciento del global del monto fiscalizado y en el 2014 apenas el 0.4 por ciento.
Damián González dijo que por ello resulta imperioso incrementar las inversiones productivas y sociales a través del aumento en el monto de recuperaciones dinerarias ejecutadas.
“Esto no sólo contribuiría a aliviar la situación financiera del sector público y a incrementar sus ingresos, sino que también implicaría una mejora de la transparencia y la rendición de cuentas, abortando las prácticas de corrupción”, concluyó.
