El origen del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es eminentemente ciudadano y la presión lograda por la sociedad impulsó su creación, pero en la instrumentación, hemos sido blandos y hasta opacos para darle vida, prueba de ello es que desde 2016 el Senado debió nombrar al Fiscal y no lo ha hecho, esto no puede continuar, señaló la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo de su bancada en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández.
Resaltó que la Cámara de Diputados, tiene pendiente este año el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control de instituciones autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), entre otros, Además, falta el nombramiento de tres nuevos consejeros del INE, y un comisario de Pemex.
“Los partidos políticos tenemos que escuchar alto y fuerte el llamado de la ciudadanía, el clamor social impulsó la creación del SNA y nos estamos quedando -achicados-, disminuidos y rebasados por intereses que son ajenos totalmente a los intereses de un México que exige rendición de cuentas, transparencia y claridad en el uso de los recursos públicos” dijo.
Ni los organismos intermedios, ni los académicos, ni los ciudadanos deben desvincularse del proceso; la acción de Coparmex de exigir una posición debe de tener continuidad porque aún no está concluido el sistema, refirió y ni en el Congreso de la Unión, ni en los Congresos Locales hay un ánimo para avanzar en transparencia, señaló.
Talavera Hernández señaló que el IMCO, Coparmex y Transparencia Mexicana evalúan los avances en el ámbito nacional, con resultados preocupantes para concluir el SNA.
Explicó que el “Semáforo anticorrupción: Monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción” es un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y de la Ley del Sistema Local Anticorrupción y su implementación, que documenta y estudia la calidad de la actividad legislativa en los estados con base en las constituciones locales y las agendas legislativas locales del país.
Señaló que en el Semáforo de Implementación de la Ley del Sistema Local Anticorrupción (SLA), es inaceptable que tan sólo 2 entidades tienen una calificación satisfactoria, mientras que 24 estados como Baja California, Ciudad de México o Estado de México simplemente no tienen ley del SLA.
Indició que varios estados tampoco reformaron adecuadamente a las entidades superiores de fiscalización ni procuraron otorgar autonomía a sus procuradurías o fiscalías generales de justicia.
Agregó que tan sólo 10 estados del país, tienen una reforma constitucional satisfactoria y que hay entidades como Baja California en donde la reforma, de acuerdo al IMCO, Transparencia Mexicana y Coparmex, tienen una reforma constitucional deficiente.
Puntualizó que los congresos locales tienen como mandato implementar el Sistema Local Anticorrupción antes del 18 de julio de 2017, en donde la sociedad civil organizada tiene la oportunidad y responsabilidad de exigir y coadyuvar para que los legisladores locales, lejos de buscar reflectores o -botines- políticos, hagan un trabajo pulcro para armonizar sus leyes con la federal y darle cauce real al Sistema Nacional Anticorrupción que fortalecerá a México.
