Empresarios del sector aseguraron que dicha norma concedería a barcos extranjeros los mismos beneficios que a los navieros mexicanos, en cuanto a los contratos para transportar las cargas de exportación e importación de la administración pública centralizada y paraestatal.
Mencionaron que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2015 y devuelto como minuta por el Senado de la República el 17 de febrero de 2016, actualmente podría generar desventaja a los navieros nacionales frente a los extranjeros, porque no se encuentran en la misma igualdad de condiciones, lo que afectaría a la marina mercante mexicana.
La Ley señala la creación de un Folio Especial del Registro Público Marítimo Nacional, destinado a inscribir las autorizaciones otorgadas a las embarcaciones extranjeras, a las que se les dará el trato de embarcaciones mexicanas conforme a transportar mercancías en navegación de altura, y para contactar a las empresas navieras poseedoras o propietarias de este tipo de embarcaciones.
El presidente de la Comisión de Marina, diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez (MC), destacó que la minuta enviada a esta instancia legislativa para su análisis, actualmente podría generar una “normatividad confusa”, debido a que “no existen las condiciones de igualdad entre las embarcaciones nacionales y las extranjeras en materia de transportación marítima y cabotaje”.
Los diputados también analizaron la reforma a la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, la cual, aseguró Cárdenas Gutiérrez, representa afectaciones para el sector empresarial naviero.
La diputada Nelly Márquez Zapata (PAN) expresó: “no podemos permitir una competencia desleal con otros países porque los empresarios mexicanos tienen que luchar contra todo, cuando en Estados Unidos las tasas de interés para operar son mucho más bajas que en nuestro país”.
El priísta Federico Quinto Guillén coincidió en que se deben analizar ambas normas, a fin de hacer los cambios apropiados y necesarios, por lo que propuso trabajar en conjunto con el Senado de la República.
El director general de la CAMEINTRAM, Armando Rodríguez García, explicó que la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante causaría que los barcos extranjeros tengan los mismos beneficios que los nacionales, a pesar de que “no existe reciprocidad entre estos”.
Explicó que la ley señala crear un Padrón –un Folio Especial-, donde aquellas empresas foráneas que se inscriban con barcos extranjeros, recibirán el mismo trato que las embarcaciones mexicanas en materia de cabotaje.
Dicho registro, afirmó, “perjudicará a la marina mercante en cuanto a transparencia y certeza jurídica”.
En Estados Unidos, dijo, “mucho antes de la presidencia de Donald Trump, no se permite que operen embarcaciones extranjeras en navegación; incluso, ninguno de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo permite”.
“Ahora que tenemos el 80 por ciento de nuestra flota inactiva, ¿le vamos a abrir un registro a embarcaciones extranjeras para que tengan los mismos beneficios de barcos mexicanos?”, sobre todo cuando la actual Ley de Navegación y Comercio Marítimo, en su artículo 40, señala que podrán operar embarcaciones extranjeras siempre y cuando no desplacen a una mexicana, exclamó.
“Vamos a darle más facilidades a Estados Unidos de las que ya tiene, cuando ellos mantienen cerrado su cabotaje desde la época de Benjamín Franklin, porque su círculo virtuoso es apoyar al empresario de su nación y no permitir competencia extranjera”, sostuvo.
Nosotros, en cambio, “no podemos movernos entre puertos norteamericanos, ni pasaje ni carga. Entonces, el principio de reciprocidad ¿dónde lo dejamos?”
A la fecha, continuó, “no hay un solo barco de bandera mexicana que transporte nuestras mercancías, dependemos de cargas internacionales, lo que hemos hecho son grandes estacionamientos (puertos) que reciben barcos extranjeros. En la actualidad, ya no somos un país de transporte marítimo, si no que somos una nación de carga, debido a que meganavieras mueven el comercio exterior”.
En México, ningún puerto nos da un muelle para cabotaje. Si el barco sale de Tampico para llegar a Progreso, Yucatán, por ejemplo, “tenemos que pedir permiso para poder dejar la carga ahí, porque no hay regulación en la materia”, sostuvo.
Ante esta problemática, Rodríguez García solicitó a los diputados realizar foros donde participen todos los actores involucrados en marina mercante, con el propósito de analizar la minuta. “No podemos abordar un tema de tal magnitud en tan sólo 72 horas”, agregó.
El secretario del Consejo Nacional Directivo de la CAMEINTRAM, Francisco Gutiérrez de Villa, precisó que la minuta se creó en un momento diferente al actual. “Tuvo una buena intención, pero ahora lejos de ayudar perjudicaría, ya que pondría en total desventaja a los navieros mexicanos frente a los extranjeros, lo que afectaría a su vez a la marina mercante mexicana”.
Aclaró que “la competencia no es mala, no nos da miedo; el problema de esto es que se realice en terreno disparejo, la ley requiere subvenciones como las que tiene Estados Unidos”.
Precisó que otro problema de la norma, es que generaría mayor burocracia con la creación de órganos colegiados, cuando la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en su artículo 38, establece que las propias autoridades son las responsables de hacer cumplir la ley en zonas marinas mexicanas.
Resaltó que el sector marítimo mexicano genera aproximadamente 300 mil empleos directos e indirectos altamente especializados. Sin embargo, “hoy prácticamente 60 por ciento de la flota mercante se encuentra sin empleo”.
Destacó que 80 por ciento de la actividad petrolera de nuestro país se lleva a cabo en el mar. La flota marítima mexicana es muy importante, por lo que “tiene que ser moderna y con mayores implementaciones tecnológicas”.
Se tienen inversiones en el sector por más de 6 mil millones de dólares, en los últimos 3 años, apuntó. “En modernización de embarcaciones y equipos de plataformas petroleras y artefactos navales, somos un sector que representa el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 15 mil millones de dólares”, aseguró.
Respecto al proyecto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, dijo que la figura de arrendamiento financiero que contempla, generaría empresas “golondrinas” que, a futuro, provocaría que “nos quedemos sin una marina mercante real”.
Explicó que en nuestro país se permite un 49 por ciento de inversión extranjera dentro de una sociedad naviera mexicana, situación que en otros países no se admite, lo que ha generado que, a través de prestanombres, se lleguen a crear empresas navieras que puedan abanderar nuestras embarcaciones, a través de figuras de contrato de arrendamiento financiero.
“El reto que se corre con esta figura es que se tenga una flota mercante mexicana golondrina, para que el día que los precios de la industria petrolera mejoren a nivel internacional, estas empresas salgan a buscar mejores tarifas y nos quedemos sin embarcaciones mexicanas”, acotó.
Ante ello, Gutiérrez de Villa propuso eliminar la fracción segunda del artículo 11, que establece dicha figura financiera, a fin de que “la única manera que exista para matricular barcos mexicanos sea siendo propietarios de la embarcación, con un título de propiedad y con una línea de crédito propia”.
