“Y es la firmeza, la solidez en las posturas negociadoras lo que permitirá la defensa de los intereses de México y de sus agricultores”, afirmó Jorge Alfonso Calderón Salazar.
El académico de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM añadió que se debe cambiar la política económica y promover la diversificación de nuestras exportaciones para depender menos de Estados Unidos, fortalecer el mercado interno y renegociar el capítulo agropecuario del acuerdo.
En la rueda de medios “El TLC y sus efectos en el sector agropecuario de México”, refirió que después del desplome de la producción agrícola mexicana debido a la competencia a la que se vieron sometidos los agricultores con los de EU, casi 80 por ciento del arroz que consumimos en el país es importado, así como 31 por ciento del maíz, 65 por ciento del trigo, casi 40 por ciento de la carne de cerdo, 16 por ciento de la carne de aves y más del 16 por ciento de la leche, según datos del Cuarto Informe de Gobierno (2015-2016).
También hay un desplome del empleo en el sector: de 26 por ciento a la entrada del TLC, a una tasa de ocupación del 19 por ciento. Millones de productores agrícolas han perdido sus empleos.
El experto mencionó que en cuanto a la inversión pública en el sector, lo más preocupante no es la cifra bruta, sino que a partir del año 2000, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se ha catalogado como inversión lo que en realidad ha sido gasto social compensatorio a la pobreza rural.
En términos de infraestructura para el desarrollo rural –distritos de riego, construcción de presas y caminos, de crédito a la inversión productiva– la reducción de la inversión pública es significativa, expuso Jorge Calderón; “salvo algunos enclaves tecnificados en sitios como Sinaloa y Sonora, ha habido una regresión en los niveles de modernización agropecuaria que ha reducido la productividad.”
El académico sostuvo que el incremento de esa inversión es una condición fundamental para la revitalización del sector agropecuario; “no basta una renegociación positiva del TLC, sino un incremento sustancial del crédito, inversión e infraestructura, y que el gobierno deje de catalogar el gasto social compensatorio de la pobreza como si fuera inversión pública en desarrollo rural.”
Vienen tiempos difíciles. Se requerirán años de resistencia, lucha y esfuerzo, y de una nueva política económica para salir adelante, explicó el economista.
Eduardo Pérez Haro, también académico de la FE, refirió que la discusión del TLC por parte del gobierno de EU se centra en el sector de manufacturas y, en particular, en el automotriz y de autopartes.
Éste representa 90 mil millones de dólares, alrededor del 23 por ciento del comercio exterior nacional, equivalente a los ingresos agregados por exportación de todo el sector agroalimentario, más las remesas, exportaciones petroleras e ingresos por turismo extranjero. Si el acuerdo se renegocia en contra de la economía mexicana, con el restablecimiento de aranceles como barreras al comercio exterior, eso terminará llevándonos a una condición recesiva, consideró.
En tanto, el peso del sector agropecuario –fuerte en la exportación de jitomate y aguacate– es mínimo, representa el tres por ciento del producto nacional; no obstante, en el campo habitan 25 millones de mexicanos.
El gran problema es que en 35 años de apertura comercial, México descuidó la economía nacional y la formación de capital, el desarrollo de capacidades de producción y de comercio, por apostar al comercio exterior con EU con la expectativa de que sería eterno.
Hoy, sostuvo, es importante atender la mesa de negociación con Donald Trump, pero lo es aún más prestar atención a la interna, para crear un acuerdo nacional alrededor de una política de desarrollo basada en el fortalecimiento de las capacidades de producción y comercio.
En 35 años no ha habido trabajo en infraestructura, tecnología, calificación de la mano de obra, organización de la producción, vinculación de mercados y estructuración del sistema financiero. Se necesita la construcción de un nuevo acuerdo nacional para el desarrollo con inclusión social y responsabilidad frente a las futuras generaciones, insistió el universitario.
En el sector agrícola, explicó, el 70 por ciento de recursos públicos se desatina a 30 por ciento de los productores y viceversa. Tales criterios distributivos provocan procesos de diferenciación productiva, social y regional, y una gran asimetría al interior de México.
Hace falta que la política de apoyos al campo sea progresiva, para que el recurso público se dé en mayor proporción al que menos tiene; se debe diseñar y direccionar correctamente la política de fomento y apoyo al desarrollo del sector. No obstante, concluyó, llevará una generación resarcir las insuficiencias que en este momento están acumuladas.
