Recordó que las fuerzas castrenses no son policías y es una de las pocas instituciones que aún conservan credibilidad por parte de la sociedad; ante ello, tenerlas en la calle haciendo una función que no es para lo que están diseñados los tiene ahora en el ojo del huracán.
Indicó que legalizar el uso de las fuerzas armadas, en especial en tareas de seguridad pública, como pretenden las iniciativas que actualmente se discuten, lo único que logran es desincentivar el fortalecimiento de las corporaciones policiacas.
“Por ejemplo, la propuesta del PRI abre la puerta al uso discrecional del actuar del despliegue y uso del Ejército, porque suscribe que la información que se genere será considerada como de seguridad nacional. Esto significa que todos esos datos son reservados así que las peticiones civiles o las prórrogas de los operativos no se conocerán ni se podrán analizar”, acotó.
El líder parlamentario del sol azteca manifestó que otra de las deficiencias de dicha iniciativa es la referencia que hacen al desarrollo nacional y la gobernabilidad democrática, que resultan ambiguas.
Martínez Neri, agregó, que las medidas adoptadas en la propuesta priista no implican restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, en la práctica los militares invadirían las tareas de investigación que son exclusivas del Ministerio Público.
El legislador por Oaxaca advirtió que en el andamiaje jurídico que se pretende aprobar incluye que las declaratorias que permiten la intervención militar pueden modificarse y prorrogarse de forma prácticamente discrecional, lo cual es inadmisible.
De igual manera, añadió, en el artículo 19 se define el protocolo de actuación, para la coordinación de las autoridades civiles, pero nuevamente con opacidad, ya que queda a capricho de lo que determine el comandante designado por el Presidente de la República.
Martínez Neri mencionó que a todas luces se trata de propuestas que en lugar de fortalecer a los mandos policiacos, para que retomen las funciones para las que fueron creadas, se está pretendiendo aprobar un marco jurídico que atenta contra los derechos humanos.
“La vía debe ser otra, primero debe valorarse expedir una legislación que coordine las tareas del Ejército, asegure la transparencia en el actuar de las fuerzas castrenses y preserve la seguridad de la ciudadanía frente a la actuación de las fuerzas armadas”, concluyó.
