La nación, dijo, también afronta peligros derivados del fenómeno de la delincuencia en el ciberespacio, lo cual demanda respuestas a alto nivel y la participación obligada de los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobiernos y de acciones concertadas con otros sectores sociales.
Precisó que México ha dado pasos firmes y cada área del Consejo de Seguridad Nacional tiene sitios especializados para hacer frente a las amenazas cibernéticas y neutralizar posibles ataques del cibercrimen; sin embargo, hay un trabajo pendiente: la implementación de una estrategia específica en seguridad de la información y de ciberseguridad de alcance nacional, que involucre a todos los actores nacionales.
El reto, precisó, es la elaboración y aprobación de un marco legal que incluya la investigación, fiscalización y tipificación de los delitos cibernéticos por medio de datos y sistemas informáticos. “México reconoce las ciberamenazas como riesgos reales a la seguridad nacional del país. La seguridad en el ciberespacio es un asunto de la mayor trascendencia para nuestro país y el mundo”.
En el evento organizado por la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Tomás Zerón resaltó que México es la segunda nación en Latinoamérica, después de Brasil, que se ha visto afectada por el cibercrimen, y a nivel mundial, está en la lista de los 10 países con mayores daños por este fenómeno.
“México es una fuente de correos electrónicos spam y de alojamiento de portales de Internet malicioso; hay registro de intentos de ataques por hackeristas; se tiene una alta incidencia de distribución de pornografía infantil; recurrencia en intentos para ser utilizado como plataforma de ataques cibernéticos hacia otros países”.
Sostuvo que el cibercrimen representa pérdidas por 3 mil millones de dólares anuales, mientras que Microsoft estima que podría alcanzar los 4 mil millones de dólares”.
Cerca de 85 por ciento de los delitos que se comenten en el país, se apoya con algún tipo de tecnologías de la información. Además, el robo de identidad representa el 68 por ciento de los crímenes cibernéticos y, de 2012 a 2015, los incidentes de ciberseguridad se duplicaron, refirió.
Un reto, agregó, es la generación de mecanismos innovadores y dinámicos de protección para garantizar la seguridad cibernética frente a riesgos complejos. Otro, continuó, es un diagnóstico constante y permanente del Estado de la ciberseguridad en el país y la construcción e institucionalización de esquemas jurídicos y operacionales adecuados que sean eficaces para hacer frente a las amenazas compatibles entre países interconectados.
Mencionó que el Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe estima que los ciberdelitos aumentaron y su impacto económico generó pérdidas que oscilaron entre los 350 mil y 500 mil millones de dólares; que la mayoría de los países de la región son vulnerables a ataques cibernéticos; además, cuatro de cada cinco naciones no tienen estrategia de seguridad o planes que puedan contribuir al plan de ciberseguridad para protección de su infraestructura crítica.
También, dos de cada tres países latinoamericanos no cuentan con un centro de comando y control de seguridad cibernética; la mayoría de las naciones carece de marcos jurídicos adecuados en cibercriminalidad; las fiscalías no tienen capacidad para perseguir los delitos cibernéticos, y la mayoría carece de cibersoberanía, pues se ven en la necesidad de almacenar datos fuera de su territorio nacional.
El contralmirante de la Secretaría de Marina, Carlos Vicente Díaz González Escamilla, expresó que la seguridad nacional, por su naturaleza multidimensional, es responsabilidad de todos, lo que incluye a todas las instancias del gobierno y a la sociedad.
Indicó que la evolución de la sociedad, la globalización y el cambio climático, potencializadores de riesgos y amenazas, han provocado nuevos desafíos a la seguridad nacional. Por ello, dijo, “se deben tomar acciones preventivas para evitar que los desastres naturales y pandemias evolucionen a riesgos y amenazas”.
Los ciberataques, precisó, se constituyen como un riesgo a la infraestructura del desarrollo nacional. “De no ser atendidos los flujos migratorios oportuna e integralmente podrían desencadenarse en afectaciones al desarrollo y la seguridad nacional”, afirmó.
Mencionó que el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva son una amenaza global. Los nuevos desafíos como gobernanza internacional de los océanos, neonacionalismo, crisis del agua y la alimentaria, demandan acciones proactivas más que reactivas en la comunidad internacional.
El contralmirante puntualizó que la migración reclama una acción decidida por parte de las autoridades, para hacer frente al tráfico y trata de personas. Agregó que un riesgo que, de no atenderse, puede convertirse en amenaza, es la crisis del agua a nivel mundial, pues en el orbe 500 millones de personas carecen de este vital liquido y se estima serán 2 mil 500 millones para 2025.
En representación de la Policía Federal (PF), de la División Científica, Patricia Trujillo Mariel mencionó que el Centro Nacional de Atención Ciudadana recibió 45 mil 217 denuncias del 2012 a la fecha; de éstas, detalló, el 34 por ciento son referentes a fraudes y extorsiones. Asimismo, se han registrado más de 163 mil incidentes de seguridad, los cuales fueron evitados y han ido atenuándose.
Señaló que la Policía Federal requiere de una especialización y certificación de sus integrantes, ya que esto logrará potenciar su actuación. Se debe generar una reflexión de qué se pretende hacer ante la seguridad nacional.
La integrante de la división científica refirió que la PF realizó 4 mil 332 colaboraciones en materia de ciberseguridad en 2015, mientras que en 2016 se generaron 4 mil 594. Estos convenios son de suma importancia para la institución, ya que asegura la salvaguarda no sólo nacional, sino internacional.
Guadalupe González Chávez, experta en procesos de prevención de seguridad, refirió que los legisladores deben ser cuidadosos con las palabras que se colocan en las leyes, ya que la emergencia puede llevar a adoptar discursos que responden al miedo y no a la construcción de seguridades.
Destacó que el tema de violencia es un elemento central; sin embargo, en la actualidad se ha colocado como enemigos a los adversarios políticos, los problemas de salud, las culturas, las ideologías.
“Si nosotros no somos capaces de cambiar el modelo de protección, salvaguarda de defensa y seguridad, no se podrá llegar a un esquema democrático en el que los pesos y contrapesos sean un factor para que la parte civil y militar estén equilibrados”.
Cristos Velasco San Martín, fundador y coordinador de Ciberdelincuencia.org y director de Protección Datos México, advirtió que la evidencia digital en México tiene parcialmente regulado el Código Nacional de Procedimientos Penales; si bien existe una disposición para regular este elemento, aún no hay un parámetro relacionado con la cadena de custodia electrónica.
La legislación debe proporcionar las herramientas para que investigadores y forenses trabajen con la cadena de custodia digital, pues esto fomentará la seguridad del país.
Subrayó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un documento que promueve una política integral en torno al manejo de la seguridad digital, con numerosos mecanismos en la esfera gubernamental y una mayor participación público-privada en el ámbito nacional, regional e internacional.
El presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), diputado Juan Manuel Cavazos Balderas (PRI), resaltó la importancia de analizar el “Marco Normativo Internacional para la actuación de las Fuerzas Armadas”, nombre de la segunda mesa de trabajo de este congreso, “que será de beneficio para todo el país”.
En su exposición, el general brigadier de Justicia Militar, Aníbal Trujillo Sánchez, afirmó que “todas las medidas que implemente el Estado nunca serán suficientes” para garantizar la seguridad nacional y sus vertientes, por lo que es necesario hacer el máximo esfuerzo por el bien de los habitantes del país.
Recomendó armonizar la legislación nacional con las normas internacionales e incorporar al Código Penal los delitos de genocidio, lesa humanidad y de guerra establecidos en el Estatuto de Roma; analizar la reincorporación de México al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR); y dotar al país del marco jurídico necesario para la defensa del territorio, la salvaguarda de la independencia y la soberanía y garantizar los derechos y libertades de sus habitantes.
Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, catedrático de Derecho Constitucional en diversas universidades del país, advirtió que no se puede crear una ley de seguridad interior con base en una contingencia, “en este caso, el empleo de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”. Se debe hacer un diagnóstico general, establecer objetivos y, posteriormente, hacer una ley que dé operatividad al cumplimiento de las funciones que “coyunturalmente ejercen”.
El académico consideró que “los derechos fundamentales de las Fuerzas Armadas son un tema ignorado”. Cuestionó si la condición jurídica de los militares es contraria a los derechos humanos y si tienen los mismos que el resto de la población.
En su participación, Edmundo Salas Garza, maestro en economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que es necesario reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad nacional.
A su vez, Francisco Franco Quintero Mármol, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que el marco normativo de actuación de las Fuerzas Armadas es limitativo y no les faculta ante los escenarios de conflicto del Siglo XXI. “No podemos hablar solamente en el tema del crimen organizado, por más importante que hoy sea, no es el único que enfrentaremos en los próximos años como país”.
A las Fuerzas Armadas “se les quitan recursos y se les exige más, tienen muchas actividades, pocos recursos y grandes retos”. Por ello “es necesario invertirles más”, como lo han hecho otros países latinoamericanos.
