En un punto de acuerdo, Elizabeth Mateos Hernández, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables indicó que en esta mesa interinstitucional deberán participar la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de la Ciudad de México, junto con funcionarios de la delegación Miguel Hidalgo y la Asamblea Legislativa.
Asimismo, se deberá dar cauce a la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDH-CDMX) y a la Contraloría en Miguel Hidalgo, para que atiendan las quejas de dicho grupo en relación a vejaciones y violaciones a sus garantías individuales, de las que han sido objeto por parte de la Policía Auxiliar y de la Policía Preventiva.
La legisladora expuso que en los últimos dos años, la asociación ha sido víctima de operativos constantes en los que se han cometido una serie de atropellos y vejaciones.
Según consta en documentos expedidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, señaló Elizabeth Mateos, desde hace 20 años la asociación “Voces Revolucionarias de Resistencia e Izquierda” ha trabajado en cruceros y calles vendiendo agua, dulces y productos diversos.
Sin embargo, representantes de esta asociación cuentan con testimonios, fotos y videos en los cuales se observa que durante operativos policiales, en los que se aprecia que carecen de protocolo alguno para realizar estos actos, se somete a hombres y mujeres e incluso a un niño ´cargándolo´, y se les retira su mercancía, bajo el argumento de que la mercancía se decomisa, provocándoles un daño económico.
Refirió que las remisiones ante el Juez Cívico establecen que se les “sanciona” conforme al artículo 25, fracciones II y III de la Ley de la Cultura Cívica capitalina, por impedir o estorbar la libertad de tránsito, usar áreas y vías públicas sin contar con la autorización requerida, fijando multas por persona que oscilan entre los 100 a 115 pesos, en perjuicio de su economía.
“Retirar por retirar vulnera los derechos humanos y el derecho a ejercer un trabajo de quienes sólo buscan obtener el sustento de cada día. Estos hechos nos obligan a revisar nuestro marco legal y adecuarlo a las necesidades ciudadanas, como es el caso del Reglamento para los Trabajadores no Asalariados del Distrito Federal, que data del 2 de mayo de 1975 y requiere una actualización”, aseveró.
Por otra parte, subrayó la vocera perredista, es necesario hacer una reflexión y establecer medidas para preservar el contenido de ordenamientos locales e internacionales.
“Como legisladores, es nuestro deber velar por los derechos reconocidos por la Constitución de la Ciudad de México, la Carta Magna Federal y los tratados internacionales, blindando el derecho a un trabajo digno bajo el principio del respeto en condiciones de entendimiento y gobernanza y fortaleciendo así una ciudad con visión de progreso”, concluyó Elizabeth Mateos.
