En México, precisó, cada día son asesinadas 6 mujeres, y al menos la mitad, con algún grado de violencia que evidencia uso excesivo de la fuerza. Además, las víctimas tienen entre 11 y 30 años de edad.
En la reunión de instalación de la Comisión Especial de Alerta de Género, indicó que ante la omisión gubernamental para combatir ese problema, los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil dan a conocer casos de mujeres asesinadas por razones de género.
Recordó que en 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; sin embargo, “esa letra ha estado muerta, ya que los estados y municipios han evadido el tema, maquillado cifras y se niegan a aplicar protocolos con perspectiva de género”.
El mecanismo de Alerta de Violencia de Género se ha emitido en 11 municipios del Estado de México, 8 de Morelos, 14 en Michoacán, 7 en Chiapas, 5 en Nuevo León y 11 en Veracruz, pero falta mucho por hacer.
Consideró necesario insistir en la recomposición del tejido social y fomentar mayores oportunidades para las jóvenes. “Está en juego la vida de nuestras niñas y mujeres, por lo que se requiere implementar acciones que nos ayuden a frenar y erradicar el feminicidio”.
Hurtado Arana aseguró que la comisión dará seguimiento a los protocolos que contempla la alerta de género y escuchará las peticiones de la sociedad civil.
La presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Ceameg), de la Cámara de Diputados, Guadalupe González Suástegui (PAN), subrayó que pese a las 6 alertas de género decretadas desde 2015, en Morelos, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Chiapas y Veracruz, no ha disminuido el flagelo que significa el feminicidio.
“Los índices aumentan y no se observan mejoras aun cuando a través de la coordinación institucional, se solicita a los estados implementar medidas de seguridad, prevención y justicia”.
La comisión, estimó, permitirá estudiar a fondo la viabilidad de la alerta de género, a 10 años de la promulgación de la ley general en la materia.
La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Erika Rodríguez Hernández (PRI), indicó que los feminicidios son expresión extrema de violencia contra mujeres, y produce la violación sistemática de sus derechos humanos, develando las condiciones de discriminación social y jurídica que ellas viven.
“Este mal lacera a la sociedad mexicana, por lo que esta comisión es la respuesta a un grito de auxilio de todas las mujeres que han sido silenciadas, y que ven en esta instancia una posibilidad de hacer justicia ante la opacidad de las autoridades”, puntualizó.
La legisladora llamó a las autoridades y sociedad a visibilizar el tema, y se pronunció por crear sinergias con las entidades federativas, a fin de poner un alto a la violencia contra las mujeres.
Recordó que hace una década entró en vigor la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando disposiciones para protegerlas y, sobre todo, erradicar la violencia de género; sin embargo, estimó necesario hacer reformas para fortalecer los mecanismos institucionales de defensa.
La diputada Melissa Torres Sandoval (Encuentro Social) consideró que machismo y violencia contra las mujeres, son males que han crecido en proporciones alarmantes y pese a los esfuerzos para enfrentar esos problemas, cada día mueren 6 mujeres en nuestro país, lo que deja ver el grave problema de violencia de género.
“Nuestro deber como representantes populares es promover estrategias e implementar acciones para erradicar las afectaciones que sufren mujeres y niñas del país”, comentó.
“Hay avances y existe una ley que prevé mecanismos concretos, pero hay que continuar el trabajo de la mano de la sociedad civil para que ese tipo de violencia sea cosa del pasado”.
Del PRI, la diputada Arlet Mólgora Glover precisó que sólo en 6 estados del país se ha decretado la alerta de género, pero en la mayoría de las entidades federativas se viven acontecimientos que deberían ser motivo para decretar las alertas. “Tal parece que a las autoridades locales les da pánico o inquietud tocar el tema”.
El tema, sostuvo, no es sólo de mujeres, requiere la participación de hombres comprometidos con hacer valer los derechos de las personas sin distinción de género.
La comisión ayudará a trabajar en acciones preventivas y tratar de erradicar este problema desde raíz. “El gobierno federal ha emprendido acciones y políticas públicas para atender este conflicto, pero hace falta mucho más”.
La diputada Olga Catalán Padilla (PRD) consideró que ya existen mecanismos y una ley, pero el tema de violencia contra las mujeres tiene que ver con la impunidad. “También tiene que ver con la falta de preparación de quienes son los encargados de la aplicación de las normas, porque la ley puede ser muy buena pero el problema es su nula aplicación”.
Consideró indispensable involucrar a la sociedad, pues no es un tema sólo de legisladores o gobiernos, sino social, de hombres y mujeres. “Espero que esta comisión abra las puertas a quienes llevan años de trabajo en este asunto, que son las organizaciones de la sociedad civil, organismos que habrán de darnos la pauta de dónde están las fallas en la aplicación de la ley”.
La coordinadora Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, indicó que entre 2014 y 2016, desaparecieron 9 mil 800 mujeres en 15 estados de la República.
“El problema es grave porque se cruzan la desaparición, el feminicidio y la violencia sexual. Eso no es cualquier cosa, implica delincuencia doméstica, común y organizada”, comentó.
Del mismo organismo, Patricia Bedolla Zamora, refirió que “el problema no es de leyes, ya que México tiene uno de los más avanzados marcos jurídicos y es ejemplo internacional; el inconveniente es la falta de voluntad política en los estados, la impunidad y desobediencia de las leyes”.
“Los hombres en este país sienten tener el derecho de matar a una mujer porque no hay sanciones, sino impunidad de las autoridades”, subrayó.
Del Instituto Nacional de las Mujeres, Gabriel González García, expresó el respaldo a la Comisión Especial de Alerta de Género y consideró pertinente hacer una evaluación al mecanismo, revisar sus procedimientos y evaluar resultados.
