“De cualquier manera ya se hizo el daño a la economía nacional, pues la inflación en lo que va del año, producto del primer gasolinazo, fue la más alta en los últimos años”, expuso en un comunicado.
Dijo que el aumento de enero pasado a los combustibles anuló el incremento salarial que se dio en ese mismo mes, al pasar el mínimo de 73.04 a 80.04 pesos diarios, lo que significó un aumento de siete pesos.
Consideró que la decisión que tomaría el gobierno federal de no aplicar otro aumento a los combustibles “no se debe a la buena voluntad de la Secretaría de Hacienda, que mantenía firmes sus argumentos técnicos, sino a una decisión política, producto del descontento que generó entre la población la primera alza descomunal de las gasolinas y el diésel”.
El diputado perredista indicó que “hasta en el sector empresarial había descontento, al grado de amenazar con cerrar empresas, ya que el gobierno pretendía que las empresas absorbieran los impactos económicos que generó el alza de las gasolinas”.
Ojeda Anguiano sostuvo que es momento de que el gobierno federal “reconozca que se equivocó y que se inicie de inmediato una discusión para dar marcha atrás a la mal llamada reforma energética”.
Planteó la necesidad de “establecer las bases para recuperar la política nacionalista de este sector, que nuevamente debe ser reconocido como prioritario y estratégico”.
“México no puede seguir a expensas de lo que determinen los precios del mercado internacional de las gasolinas, para establecer los precios de sus combustibles”, aseveró.
Urgió a “implementar una mesa de emergencia para rescatar a nuestras refinerías, que ante el abandono de los gobiernos panistas y priistas, según datos hechos públicos, operan al 30 o 40 por ciento de su capacidad”.
También se pronunció por “abrir un debate nacional para implementar una política en materia de energía, para fortalecer este sector estratégico y se convierta en el motor del desarrollo social y económico de nuestro país”.
