Ramos Hernández informó que el próximo martes la mesa directiva de la Comisión de Seguridad Pública, se reunirá con el propósito de “diseñar y acordar el calendario de sesiones de trabajo para aprobar el dictamen de Mando Mixto”.
El dictamen se construirá en comisiones unidas, con la de Puntos Constitucionales, ya que están de acuerdo en la forma de arrancar el procedimiento de análisis y discusión, explicó.
En este marco, “se va a convocar a los responsables de la seguridad del país, para que comparezcan y den sus puntos de vista y escucharlos, es decir, hacer consulta amplia sobre el tema, pero que no dilate más una reforma tan urgente”.
En la discusión del marco jurídico en seguridad interior, destaca la proposición para dar certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) en las actividades de seguridad pública que realizan desde hace una década en diferentes regiones del país, a fin de detener y combatir al crimen organizado, presentada por los diputados del PRI, Martha Sofía Tamayo Morales y César Camacho.
Así también la iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Espino Barrientos.
En reunión de trabajo, los integrantes de la instancia legislativa aprobaron dos opiniones para turnar ambas proposiciones a la Comisión de Gobernación, para que a partir de la semana entrante convoque a reunión y empiece la discusión y eventual aprobación de las cinco leyes existentes sobre seguridad interior.
Ramos Hernández resaltó la importancia de discutir este tema porque es integral y multifactorial, y la Ley de Seguridad Interior es pieza fundamental de la estrategia nacional de seguridad; es necesario que “se den herramientas a las instituciones para que sin pretextos den resultados”.
“Las actividades de los militares y marinos no afectan al país, aportan lo que las autoridades civiles por corrupción, complicidad u omisión y comodidad no hacen. Ellos ponen la acción y también los muertos”, aseguró.
“Se equivoca –agregó- el que diga y crea que a las Fuerzas Armadas se le dan atribuciones de seguridad pública, no es su naturaleza y no están capacitadas para eso, pero sí tienen capacidad de fuerza para acompañar a las autoridades civiles como ocurrió en Baja California, entre 2007 a 2010, con éxito, para combatir el crimen organizado, y regresaron a sus cuarteles por siete años; lo mismo sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Monterrey, Nuevo León, donde también se retiró el Ejército.
“Una cosa es el romanticismo aspiracional y otra es la realidad que vive el pueblo de México por el apoderamiento e infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas e instituciones democráticas, es decir, se violenta la soberanía popular, ya no es el pueblo el que manda sino el narcotraficante imponiendo la ley de plata y plomo”, señaló.
Durante la discusión, el diputado de Morena, Jorge Tello López cuestionó la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, y el que se le otorguen más atribuciones al Ejército, en virtud de que sus funciones ya las contempla la Constitución. Pidió no militarizar al país.
La legisladora del PRD, Cristina García Bravo, argumentó que el Congreso no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior. Refirió siete motivos por los que el Ejército y la Marina no deben desarrollar actividades de seguridad pública, ya que esas actividades corresponden a las corporaciones policiacas estatales y municipales.
La diputada Magdalena Moreno Vega (Morena) resaltó la necesidad de incluir las opiniones y propuestas de organizaciones civiles y académicos en la construcción del marco jurídico que regule las actividades de las Fuerzas Armadas en las calles, pues la propuesta de Ley de Seguridad Interior tiene vicios. Refirió que el Congreso carece de atribuciones para legislar en seguridad interior.
Del PRI, el legislador Francisco Escobedo Villegas destacó la relevancia de otorgar certidumbre jurídica a los militares y marinos en sus actividades profesionales, mediante las cuales se garantiza una mayor seguridad a los mexicanos. Convocó a legislar un marco legal sin mediar intereses partidarios, ni políticos.
La diputada panista, Angélica Moya Marín, sostuvo que no se puede soslayar la realidad con la permanencia del Ejército en las calles, la cual debe regularse de alguna forma, porque ciudadanos, militares y marinos requieren certeza jurídica. Consideró conveniente que regresen a cumplir sus funciones en el ámbito de seguridad nacional, tanto interior como exterior, pero que de ninguna manera sustituyan las actividades de la seguridad pública, lo cual sucede. Pidió ser cuidadosos con las condiciones que exigen respeto a los derechos humanos, porque ha sido cuestionado en este aspecto.
El legislador perredista Rafael Hernández Soriano cuestionó la presencia de 280 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. No se justifica, dijo, ya que el mando civil acreditado es de 380 mil elementos y pueden realizar sus funciones sin distraer al Ejército. Demandó escuchar a las organizaciones civiles y expertos, priorizando el respeto a los derechos humanos.
Por el PRI, la diputada Marcela González Salas aseguró que no se militariza el país, sino que se regula jurídicamente la presencia del Ejército. “No se puede retirar”, porque se dispararían los índices de inseguridad y se estaría ejerciendo un principio de seguridad interior. “Lo que necesitamos es legislar para que las Fuerzas Armadas rindan cuentas e informen sobre sus actividades”. Garantizó que se escuchan todas las propuestas de los diferentes sectores sociales y académicos en un marco plural y democrático.
La legisladora priista, María Gloria Hernández Madrid, refirió que se vive un momento crítico en materia de seguridad, en virtud de que la certificación policiaca en estados y municipios no ha sido suficiente y la ciudadanía no observa avances para que cumplan con sus actividades. Dijo que, ante la realidad actual, es fundamental ofrecer un marco legal a las Fuerzas Armadas. Propuso dar un uso racional de la fuerza pública de forma preventiva y reactiva.
El diputado Alfredo Basurto Román (Morena) solicitó no desgastar a las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública y estar alertas a la violación de derechos humanos en que incurren en diferentes operativos. Apuntó que combatir la corrupción e impunidad es la solución de fondo para resolver la inseguridad que prevalece en estados y municipios.
Por el PAN, la legisladora Mayra Enríquez Vanderkam refirió la desarticulación de las corporaciones policiacas infiltradas por el crimen organizado, lo cual impide otorgar seguridad a la población. Apuntó que la propuesta de la Ley de Seguridad Interior no resolverá la inseguridad, porque se abordan de forma parcial los temas. Urgió a que las acciones de las Fuerzas Armadas estén apegadas al respeto de los derechos humanos, y a tener policías que cumplan con su función, a través de mayor capacitación y presupuesto.
El diputado Manuel Espino (Movimiento Ciudadano) refirió que el Congreso sí tiene facultades para legislar en seguridad interior, ya que se vincula con la protección a las instituciones. Pidió no confundir los conceptos de seguridad interior y seguridad nacional. Consideró buena la iniciativa para regular las actividades del Ejército; sin embargo, pidió no crear expectativas falsas y dejar claro las atribuciones de los militares y marinos. “No sólo con la aprobación de la ley regresarán a los cuarteles, pues se requieren corporaciones policiacas honestas, fuertes y capacitadas”.
Por último, el legislador priista, Abel Murrieta Gutiérrez, reconoció la contribución del Ejército para contener los índices delictivos. De no haber existido, ¿qué hubiera sucedido, cuestionó. Ahora, dijo, se requiere reglamentar sus acciones, mediante la rendición de cuentas y evaluación de sus actividades.
Urgió a establecer un sistema de contrapesos en los cuerpos policiacos estatales y municipales que garanticen la protección de la población. Refirió que el Congreso sí tiene facultad para legislar al respecto.
