En la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Javier Bolaños Aguilar, expresó: “El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política y previa aprobación de la mayoría de las honorables Legislaturas de los estados, declara reformados los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales”.
Previamente, se informó de la recepción de 17 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Carta Magna.
Al respecto, el diputado Carlos Gutiérrez García (Nueva Alianza) señaló que con este dictamen se busca hacer que la justicia laboral sea más sencilla y expedita para los trabajadores, y que deje de formar parte de las atribuciones de los ejecutivos para pasarla al Poder Judicial a nivel federal y estatal.
Sustituye a las juntas de Conciliación y Arbitraje, por tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas; favorece la resolución de los conflictos mediante la conciliación; prevé procedimientos y requisitos para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, y respeta la representatividad de las organizaciones sindicales.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco mencionó que en el país la corrupción imperaba en las juntas de conciliación, pues “el rezago en los juicios laborales tenían aproximadamente un promedio, para que se resolviera un juicio, de tres años, siempre en perjuicio de los trabajadores. Además, las representaciones sindicales en realidad nunca defendieron los derechos de los trabajadores”.
Sostuvo que esta reforma buscar romper con esos paradigmas que siempre ha tenido la justicia laboral, y acabar con la corrupción y el rezago que tienen los juicios laborales. “Debe ser una normatividad que esté a la altura de las circunstancias del país, sobre todo que haya certeza jurídica, que los trabajadores hoy por primera vez, después de cien años, realmente tengan justicia. Necesitamos que esta reforma fortalezca la democracia de los sindicatos”, añadió.
Abdies Pineda Morín, legislador de Encuentro Social, puntualizó que esta reforma llevará a que la justicia laboral sea impartida por órganos del Poder Judicial federal y a que la función conciliadora sea una instancia previa al proceso judicial. Se evitará la sobresaturación del sistema judicial, pues únicamente en el caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo, se acudirá ante los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, según el caso.
Con la reforma se garantiza el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de sus dirigentes. “Estamos convencidos de las bondades de la reforma y estimamos que su implementación traerá consigo importantes beneficios para el acceso a una justicia laboral más transparente, atractiva para la inversión y expedita por parte de la sociedad mexicana”.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) resaltó que una de las demandas más sentidas de los trabajadores en las últimas tres décadas ha sido el acceso a una justicia laboral objetiva, imparcial y expedita, tanto en los juicios individuales como en los colectivos, pues la estructura y proceso se ha mantenido intacta desde su fundación en 1920, en consecuencia, el ritmo de la modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades de la sociedad.
Con esta declaratoria, dijo, el siguiente paso será elaborar y discutir las leyes reglamentarias de la misma. “Es aquí donde tenemos que estar alertas. Antes de establecer nuevas políticas que afecten a la clase trabajadora, se debe consultar a los actores o destinatarios afectados, máxime cuando una reforma así es esencial para el futuro del mundo laboral colectivo” e hizo votos para que este proyecto sea transparentado y se conozca públicamente y debata de frente con las organizaciones sindicales.
Del PRD, el diputado Julio Saldaña Morán aclaró que no se le da un cheque en blanco al Poder Judicial, ya que éste vigilará que los beneficios se reflejen en bondades a las trabajadoras y trabajadores mexicanos. Hoy, dijo, se les da certidumbre y justicia, y se pronunció por atender los trabajos de las leyes secundarias para robustecer el nuevo mecanismo.
Refirió que, en este momento, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje registra un total de 459 mil asuntos y solo está en ejecución el 30 por ciento, lo que significa que un 70 por ciento no está siendo atendido y “esa es la parte que engorda el embudo que no da solución a los trabajadores. Estas disposiciones servirán para pasar de un régimen contencioso a uno conciliador y eficiente”.
El diputado Ulises Ramírez Núñez (PAN) expresó que con dicha aprobación, el Poder Judicial de la Federación, así como los poderes judiciales de las entidades, serán los encargados de solucionar los conflictos que lleguen a incurrir entre patrón y trabajador con procedimientos más explícitos, expeditos, personal capacitado y sobre todo con justicia.
Dichos cambios, afirmó, son necesarios a efecto de dotar a la justicia laboral de criterios de imparcialidad, objetividad y con mayores estándares de sensibilidad social. “Observaremos con mucho cuidado y detenimiento la forma en que habrá de implementarse esta importante reforma a favor de los trabajadores del país, quienes merecen una justicia laboral efectiva, pronta y expedita”.
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (PRI) resaltó que estos cambios buscan el beneficio de México y de cada mexicano, ya sea trabajador o empresario, quienes a partir de esta declaratoria de reforma constitucional tendrán la posibilidad de acceder a una justicia pronta, les proteja y dote de certeza jurídica.
Para nadie es ajeno, agregó, que la justicia laboral era obsoleta, compleja e ineficaz. La reforma pretende acabar con todos los vicios, espacios susceptibles de tutelar inercias y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica en perjuicio de los actores involucrados. Con nuevos tribunales laborales se deja un modelo ineficiente e insolvente para dar lugar a uno nuevo que tendrá como premisa la equidad y el verdadero acceso para todos a la justicia.
