“La relación entre el crimen organizado y las autoridades municipales, estatales e incluso federales; la impunidad; la corrupción y la inoperancia de las instituciones dedicadas a procurar justicia, son algunas de las condiciones que han convertido a México en uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo”, puntualizó.
Precisó que esa situación fue denunciada por periodistas y activistas durante el Foro “El Estado Mexicano en las Agresiones a Periodistas”, organizado el año pasado por esta bancada, y en la que coinciden diversas organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión.
Al presentar su iniciativa de reformas al Artículo 102 de la Constitución Mexicana, explicó que el objetivo es dotar de reconocimiento constitucional y autonomía en su organización interna a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, lo que permitirá frenar y poner solución a la impunidad que persiste en la totalidad de las agresiones en este rubro.
En ese sentido, detalló que recientemente la organización Comunicación e Información de la Mujer señaló la ineficiencia de dicha Fiscalía, sobre todo respecto a la garantía de justicia para quienes ejercen el periodismo ante la ausencia de una política eficaz con perspectiva de género en su estructura y operación.
“El panorama que actualmente vivimos en lo que toca a la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, evidencia que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de expresión no ha cumplido con su tarea”, reclamó el también Secretario de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
Resaltó que entre los motivos del incumplimiento de esa Fiscalía, se encuentra la ausencia de facultades para realizar investigaciones exhaustivas, que terminen en procesamientos, y el hecho de carecer de perspectiva de género y la falta de autonomía, le impiden atender en su justa dimensión las agresiones, que en su mayoría provienen de las propias instituciones del Estado.
“El Estado mexicano debe ser consecuente con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos aprobadas en los últimos años, con la finalidad de fortalecer nuestra incipiente democracia, que año tras año se debilita ante los sistemáticos ataques contra medios de comunicación”, recalcó.
