Las estadísticas sobre derechos agrarios, en 1970 sólo reconocían un total de 31 mil 459 ejidatarias, muy lejos de reflejar la importante presencia que ya tenían las mujeres entre los ejidatarios y comuneros del país.
Con los Programas de Regularización y Certificación de Derechos Ejidales y Comunales, conocidos como PROCEDE y ahora FANAR, se genera un movimiento nacional para el ordenamiento de la propiedad social, con un claro sentido democrático, donde las asambleas de ejidatarios y comuneros han avanzado hacia la igualdad entre hombres y mujeres.
Al 31 de diciembre de 2016 en este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), tienen derechos reconocidos e inscritos un millón 124 mil 107 mujeres, que representan 22.47 por ciento del total; de las cuales 652 mil 701 son ejidatarias (58.06%); 243 mil 232 son comuneras (21.64%); 198 mil 472 son posesionarias (17.66%) y 29 mil 702 son avecindadas (2.64%).
Además, a la fecha se tienen certificadas 8 mil 564 unidades agrícolas industriales para la mujer campesina, conocidas como “Parcelas de la Mujer” —con una superficie de 71 mil 616 hectáreas—, donde las ejidatarias y comuneras aprovechan estos espacios para complementar sus ingresos familiares.
Igualdad de derecho, voz y voto, en órganos de representación
Desde su promulgación, la Ley Agraria reconoce derechos iguales a las mujeres ejidatarias y comuneras, con voz y voto en las asambleas y en la integración de los Comisariados y Consejos de Vigilancia ejidales y comunales; no obstante, se debe impulsar su participación para pasar de la igualdad formal ante la ley, a la igualdad material entre hombres y mujeres.
Este es el espíritu de la reforma al Artículo 37 de la Ley Agraria (19/12/2016 DOF), que a la letra señala: “Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente”.
En cumplimiento de la ley, y con el propósito de fortalecer la Agenda para el Desarrollo Rural, en el RAN cotidianamente se otorga certeza jurídica a las mujeres del campo, con lo cual se impulsa su participación como titulares de derechos y su liderazgo en los núcleos agrarios.
