Por ello, impulsa una iniciativa para reformar el artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que el Programa Especial Concurrente fomente acciones en materia de protección a los trabajadores rurales en general, y a los jornaleros agrícolas, migratorios y repatriados, en particular.
Asimismo, modificar el artículo 154, con la finalidad de que los programas del gobierno federal favorezcan una adecuada integración de los factores del bienestar social como salud, seguridad social, educación, alimentación, vivienda, equidad de género y atención, acceso a la cultura y la recreación para jornaleros agrícolas, migrantes y repatriados, mismos que deberán aplicarse con criterios de igualdad.
Además, modificar el artículo 163, para que la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, propongan programas especiales para la defensa de los derechos humanos y el apoyo a la población migrante y repatriada, así como medidas tendentes a su arraigo en su lugar de origen.
En la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, el legislador refirió que durante la administración de Barack Obama (2008-2016) se deportaron 2.8 millones de mexicanos y 500 mil ciudadanos norteamericanos sufren el desplazamiento forzado a nuestro país, debido a que sus padres mexicanos fueron deportados.
No obstante, agregó, nuestro país jamás había estado ante un temor tan fundado de una deportación masiva de connacionales, ya que Donald Trump ha planteado que deportará a 11 millones de personas de Estados Unidos, de los cuales, según el centro de investigaciones Pew Research Center, cinco millones 850 mil son mexicanos. Además, en la construcción de un enorme muro en la frontera con México, se busca que desde el sur no pueda entrar ningún indocumentado a su país.
Martínez Soto mencionó que, de acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas 2016, en el año 2014 alrededor de la mitad de la población de connacionales aún radicaba en EU sin los documentos migratorios adecuados, factor que origina una situación de alta vulnerabilidad e inserción diferenciada en aquella nación, aunado al elevado volumen de repatriaciones. De 2010 a 2015, agregó, el flujo de mexicanos repatriados ascendió a casi 2 millones de personas.
Estados Unidos, dijo, es el principal destino de los emigrantes mexicanos, ya que 98 por ciento se dirige a ese país, representando más de 12 millones de personas en 2015. Resaltó que siete de cada 10 mujeres que ingresan a EU lo hacen con documentos; en cambio, cerca de cinco de cada 10 hombres lo hace sin ellos.
En 2015, precisó, alrededor de 37 millones de residentes en EU eran de origen mexicano: casi una tercera parte son inmigrantes nacidos en México, otro tercio son mexicanos de segunda generación (estadounidenses con padre y/o madre mexicana), y el último tercio descendientes de mexicanos. En ese mismo año, los migrantes mexicanos en Estados Unidos alcanzan un máximo histórico al llegar a 12.2 millones.
Se estima que de 2010 a 2015 las autoridades migratorias estadounidenses registraron casi dos millones de mexicanos repatriados. Entre 2000- 2013, el total de mexicanos repatriados bajo una orden de expulsión (removidos) se incrementó 108 por ciento; en tanto, los que regresaron sin una orden (retornados) disminuyó 95 por ciento, puntualizó.
El legislador afirmó que los trabajadores mexicanos han aportado fuerza laboral indispensable para diversos sectores económicos de EU, entre ellos, y siendo uno de los más importantes, el sector rural. Detalló que los estados con el mayor número de trabajadores agrícolas son California, Texas, Washington, Florida, Oregon y Carolina del Norte. Casi el 80 por ciento de los trabajadores agrícolas son hombres y la mayoría son menores de 31 años de edad. El 75 por ciento de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos nació en México.
Por ello, propuso reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de jornaleros repatriados, ya que no consta en dicha Ley un mandato que obligue a la Administración Pública Federal a generar la estructura institucional suficiente que se concrete en un programa adecuado para recibir a los miles o millones de jornaleros agrícolas repatriados.
Resaltó que en caso de no legislar en dicha materia, es inminente la crisis de empleos que enfrentaría México con la población de deportados desempleados que, incluso, “podrían engrosar las filas de la delincuencia, lo que generaría un conflicto interno de niveles catastróficos”.
