El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador Ernesto Gándara Camou, expresó que esta reunión es un marco fundamental en el análisis que se hará en ambas cámaras de las iniciativas presentadas en esta materia y poder convertir las disidencias en coincidencias.
El legislador del Grupo Parlamentario del PRI recordó que el Poder Legislativo trabaja en conferencia, desde el inicio de este año, para analizar las cuatro iniciativas que se han presentado sobre este tema.
En su participación, el coordinador general de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rubén Pérez Sánchez, manifestó que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones de carácter civil y las Fuerzas Armadas tienen que volver –cuando las condiciones del país así lo permitan– a las funciones que les son propias.
Señaló que el carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública no debe asumirse como algo permanente ni promoverse así, además, consideró que la discusión sobre este marco normativo resulta relevante, pero no implica por sí misma la solución a la inseguridad y violencia que nuestro país enfrenta.
El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, señaló que en un país con altas tasas de impunidad, el involucramiento de las fuerzas militares en tareas de las autoridades civiles no será lo que desincentivará al crimen, sino que dará certeza de su persecución y castigo penal; por lo que es necesario una ruta de salida gradual y medible.
Asimismo, precisó que la ley carece de un diagnostico público, por lo que la discusión debe ser más amplia sobre el modelo de seguridad que el país desea y merece. El despliegue de las fuerzas militares, dijo, incrementó las violaciones graves a los derechos humanos. La decisión que se tomó hace 10 años, apuntó, tuvo efectos indeseables, hoy se necesita una discusión y decisión responsable para evitar los mismos resultados.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, consideró necesaria una ley que defina y regule la seguridad interior, las actividades que deben realizar las dependencias, el alcance de las medidas que pueden tomar las autoridades para garantizar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional mediante el Estado de derecho.
En este sentido, dijo que el Estado mexicano tiene dos opciones: mantener la participación de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, como hasta ahora, o emitir, discutir, aprobar un marco legal que dé seguridad a la ciudadanos y certeza jurídica en su actuación al Ejército en las actividades que realizarán, previa solicitud de las autoridades civiles.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, acusó que a finales de la década de los 90 el gobierno de Estados Unidos desvió deliberadamente hacia México el flujo de la cocaína que provenía de Colombia, lo que ocasionó que las organizaciones criminales mexicanas multiplicaran su poderío, y les permitió esparcir violencia y corrupción.
Además, recordó, en 2005 el Congreso estadounidense levantó la prohibición de la producción, distribución y venta de armas de asalto, lo que dio a las organizaciones criminales que operan en México una enorme capacidad de fuego y violencia, rebasando totalmente a las policías locales y estatales del país.
En tanto, Juan Pablo Pampillo Baliño, titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, apuntó que la Procuraduría General de la República cree en la existencia de una ley de seguridad interior, que establezca la coordinación y las facultades de las diversas instituciones y cuerpos de seguridad en el país, y que garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos por parte de estas instituciones.
Santiago Aguirre Espinoza, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, indicó que adoptar una ley de seguridad interior, asume como premisa que el despliegue militar ha sido efectivo para revertir la violencia, pero la evidencia empírica no confirma la hipótesis, pues tras diez años de despliegue castrense los índices de homicidio no han regresado a los niveles. No es la legislación que México necesita y su aprobación es peligrosa para los derechos humanos, sobre todo cuando el marco jurídico no ha sido fortalecido, puntualizó.
El experto Alejandro Madrazo Lajous expuso que las leyes que se dictaminarán son de dudosa constitucionalidad, las iniciativas presentadas son peligrosamente laxas en sus definiciones, no acotan, no regulan y dan un cheque en blanco. La experiencia documentada –añadió- muestra que las Fuerzas Armadas maximizan la violencia y no dan mayor seguridad, por lo que pidió que se legisle con base en esta evidencia y no por conveniencia política.
Para el ex procurador General de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, las iniciativas no tratan de dotar de facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas, ni suplir la responsabilidad que de origen tienen las policías, sino clarificar las competencias de cada corporación y potenciar sus capacidades, a través de la coordinación interinstitucional, reconociendo el fenómeno delictivo como un problema de seguridad interior
En su opinión la fuerza armada permanente requiere de un nuevo andamiaje, que le permita desplegar su capacidad y experiencia de forma óptima y coordinada, con asistencia responsable de la seguridad pública federal y local. Destacó la necesidad de regular la “participación subsidiaria” de los militares, principalmente en materia de seguridad pública y de combate al crimen organizado.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar, comentó que esta ley sentará las bases para una correcta coordinación en el futuro, entre las diversas dependencias de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, en acciones de seguridad interior con las Fuerzas Armadas, federales, de inteligencia, entre otras.
Dijo que todos los legisladores están llamados a entender que la seguridad interior, bajo la condición que faculta al Estado mexicano, para salvaguardar la continuidad de sus instituciones y el desarrollo nacional, mediante el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional, para beneficio de la población.
La diputada del Grupo Parlamentario del PAN, Angélica Moya Marín, señaló que es necesario repensar si se trata de un tema de seguridad interior o de seguridad pública, para permitir a las Fuerzas Armadas y Marina intervenir, coadyuvando a las autoridades civiles.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, precisó que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tiene una razón. Añadió que los antecedentes expuestos muestran la reflexión histórica de por qué “las cosas están como están” en el país, y lo que sigue es una tarea compleja, pues se tiene que tomar en cuenta las opiniones vertidas en los foros.
La diputada presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, dijo que es necesario escuchar las preocupaciones de todos, y que es intención del Poder Legislativo dictaminar las propuestas. Agregó que ante el problema real, sentido e importante para la vida de los mexicanos, solamente juntos se podrá hacer una nueva ley que tenga el respaldo que se requiere.
