Enfatizó que no obstante a que la revisión se hace ante la presencia de padres y profesores, en compañía de un uniformado, no deja de ser intimidatoria la exploración de mochilas, acción que violenta derechos elementales como la privacidad y la dignidad de los alumnos, y en ese sentido, dijo, el operativo debe ser analizado a la brevedad por el Gobierno de la Ciudad de México, para optimizar su efectividad cuyos resultados se desconocen, luego de diez años de práctica discontinua.
Al respecto, indicó que los gobiernos Federal y de la capital del país, deben actuar con mayor responsabilidad, tolerancia e inteligencia en la prevención de delitos dolosos y culposos tanto en el interior de un centro escolar como en el entorno metropolitano, fundamentalmente con los menores en situación de riesgo, la mayoría, provenientes del abandono, los que usualmente sufren perturbaciones psicológicas y que buscan llamar la atención del resto de la sociedad de manera extrema.
Sostuvo que al alumnado se le debe atender con profesionalismo sin el quebranto de sus derechos elementales y afirmó que deben implementarse otras medidas preventivas para que los jóvenes no delincan.
Destacó que uno de los principios fundamentales de la ONU para atender a los jóvenes en situación de riesgo está la prevención de la delincuencia, parte esencial de la prevención del delito en la sociedad.
Armonizó su punto de vista con las medidas adoptadas por el organismo internacional respecto a que si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes sanas y no criminógenas.
Subrayó que para prevenir y atenuar riesgos de violencia escolar es necesario promover la integración social de niñas y niños, de jóvenes de entre 14 y 29 años de edad que se encuentren en situación de riesgo, expuestos al delito y a las adicciones, así como para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, que generen una mejor convivencia familiar y comunitaria para evitar casos como el de Monterrey.
Propuso se implementen programas que ayuden a la reconstrucción de la identidad y sentido de pertenencia a la comunidad de los jóvenes en situación de riesgo, además de fomentar los valores de respeto a la dignidad, tolerancia, inclusión, diversidad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos y apego a la legalidad a través de un Programa Institucional articulado e integrado para la atención de las necesidades básicas de la población en apuro.
Precisó que el personal escolar, los padres de familia y elementos policiacos adscritos a centros educativos deben estar preparados para advertir comportamientos que denoten riesgo fundamentalmente de quienes se ubican en zonas de más alta incidencia delictiva y conflictividad de la ciudad.
Advirtió que no obstante las grandes opciones de comunicación digital, la interpersonal está en decadencia por lo que es necesario abrir espacios de comunicación, promoción de valores y afecto entre jóvenes procedentes de familias desintegradas, que fortalezcan sus vínculos familiares y comunitarios.
Además, planteó que se deben ofrecer a los jóvenes alternativas de educación, capacitación para el trabajo, cultura, deporte, recreación, servicios institucionales y, actividades comunitarias para que mejoren su calidad de vida y puedan integrarse con dignidad y respeto a sus familias y a la comunidad, en el ejercicio pleno de sus derechos.
Igualmente, dijo, es necesario retomar el sistema de acompañamiento, ya sea por los padres de familia o tutores, que permita dar seguimiento a las actividades de los jóvenes para detectar sus necesidades y buscar alternativas de solución a sus problemas. Para el caso de los padres de familia sugirió implementar programas de sensibilización en el tema de violencia escolar para atender de mejor manera a sus hijos.
Consideró que el abandono infantil dentro de la propia familia, el entorno escolar y social son más letales que las balas porque genera rencores, odio y apatía a la convivencia social, actitudes que poco ayudan al sano crecimiento social.
Enfatizó que se debe tener cuidado en la implementación de operativos enfocados en la seguridad escolar que se han aplicado en México desde 2007 porque son violatorios de derechos humanos, los que, además, no han dado resultados ni tienen objetivos medibles.
Explicó que un año después, en que Mochila Segura se unió al Programa Escuela Segura del Gobierno Federal, varias organizaciones civiles denunciaron la violación de sus derechos a la intimidad, a la seguridad jurídica, a la no discriminación y al propio interés superior de la infancia, como también lo argumenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Destacó que el operativo Mochila Segura, más que preventivo es hasta acusatorio porque criminaliza a los menores al registrar sus pertenencias como si se tratara de delincuentes, aunque el operativo se realice sin agresiones físicas o verbales, el propio cateo es intimidatorio.
La medida, agregó, atenta contra el derecho de la niñez respecto a decidir sobre los asuntos que los afectan, a su intimidad, respeto y dignidad, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Destacó que parte de la solución a la violencia generalizada es el fortalecimiento de los valores, la recordación de los derechos y obligaciones de los seres humanos.
