Como parte de las líneas de acción y coordinación en materia de blindaje electoral para los procesos electorales que se realizarán en dichos estados en el 2017, esta medida está orientada a garantizar el manejo responsable y transparente de los programas sociales durante los comicios.
La Contraloría Social, conformada por los propios beneficiarios, será el medio para captar quejas y denuncias de los ciudadanos sobre posibles irregularidades y desvíos de los programas destinados a apoyar a las familias que más lo necesitan, a fin de canalizarlas con las autoridades competentes. Se realizarán inspecciones y verificaciones en oficinas, tiendas, órganos desconcentrados y entidades sectorizadas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Las instrucciones en materia de capacitación giradas a los delegados de la Sedesol en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, se derivan del adendum al Convenio de Blindaje Electoral de los Programas Federales de Desarrollo Social.
Dicho documento fue firmado el pasado miércoles por el secretario Miranda Nava, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade y el fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, teniendo como testigo al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), doctor Lorenzo Córdova Vianello.
En esa reunión, el titular de la Sedesol dio a conocer que a partir de la suscripción del adendum quedaron instalados en sesión permanente, el Comité Central de Legalidad y Transparencia para el Blindaje Electoral de los Programas Sociales, así como los Comités Preventivos de Blindaje Electoral en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
