En un punto de acuerdo presentado en sesión de la Diputación Permanente, la vocera de la fracción perredista en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) también pidió al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña a implementar medidas de austeridad, como el recorte a un conjunto de gastos no sustantivos del ejercicio de gobierno, indicando su monto y total.
“Resulta inaceptable que el Gobierno Federal destine millones de pesos provenientes de nuestros impuestos a gastos innecesarios como lo son las pensiones a ex presidentes cuando en nuestro país se avecina una crisis económica, que conlleva una inflación especulativa la cual afecta al transporte público, gas, electricidad y toda la producción, el comercio y la prestación de servicios”, consideró Elizabeth Mateos.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables de la ALDF, lamentó que con el complejo panorama económico que se avecina se podría afectar la calidad de vida de la población de menores ingresos como consecuencia del encarecimiento de la canasta básica.
Ante esta situación, la asambleísta consideró que si en el país existe enojo es por los apoyos que se otorgan a funcionarios públicos de alto nivel, pues reciben elevados salarios y prestaciones que están por encima de las que percibe un trabajador promedio y que podrían destinarse a fines de mayor impacto económico y social.
Precisó que un caso especial es el relativo a los apoyos que reciben los ex presidentes de la República con recursos del erario, una vez que han dejado el cargo, los cuales consisten en el pago de una pensión, además de tener un equipo de apoyo administrativo que les ayuda en sus funciones de carácter personal y un cuerpo de seguridad para garantizar su integridad física.
Mateos Hernández recordó que la pensión a los ex mandatarios se remonta a la administración de Luis Echeverría Álvarez, cuando se expidió el Acuerdo Presidencial 7637 emitido el 25 de noviembre de 1976 y durante la Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, con el Acuerdo 2763 Bis de fecha 31 de marzo de 1987, el cual adicionaba más beneficios de los contemplados. Sin embargo, especialistas en Derecho aseguran que se trata de acuerdos inconstitucionales que carecen de todo sustento legal.
“Desde el PRD han existido intentos por regular el tema en los últimos 15 años, diputados y senadores han presentado iniciativas de Ley para reducir estos privilegios, pero todos los intentos se han quedado estancados en comisiones donde estas propuestas fueron enviadas para su discusión y análisis”, dijo la diputada perredista.
