Por ello, impulsa un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Salud, a realizar campañas educativas permanentes que fomenten la responsabilidad en la posesión, portación y uso de materiales pirotécnicos.
A la Secretaría de Economía pedirle que, en coordinación con la de Relaciones Exteriores, lleve a cabo acciones dirigidas a fomentar, estimular y organizar la producción y exportación de pirotecnia. Además, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) refuerce todas las medidas destinadas a prevenir y sancionar su contrabando.
También solicitar a la Procuraduría General de la República a concluir, a la mayor brevedad posible, la averiguación de los hechos suscitados en el mercado de San Pablito y, en caso de ser procedente, ponga a disposición de las autoridades judiciales a los autores de tales hechos, proveyendo en todo momento la asistencia jurídica a las víctimas.
La legisladora señaló que la explosión en dicho mercado dejó un saldo de 36 personas fallecidas, alrededor de una treintena de heridos y, de acuerdo con la Procuraduría General de la República, en total ocurrieron seis estallidos. Por ello, abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Señaló que lamentablemente no es la primera vez que sucede un hecho de esta naturaleza, pues en 1998, 2005 y 2006 también ocurrieron otras explosiones en este mismo lugar. Existen registros que en ciudades como Celaya, Veracruz, México y Tlaxcala ha sucedido esta clase de desgracias.
Comentó que tras el accidente en el mercado de San Pablito, subsiste un ambiente de cierta proclividad a sugerir mayores restricciones a las actividades relacionadas con la pirotecnia en el país, llegándose incluso a sugerir su total prohibición o la necesidad de dejar de reconstruir el mercado devastado.
No puede obviarse el arraigo que tienen los fuegos artificiales en las festividades cívicas y religiosas de nuestro país, y la importancia que tiene esta actividad para la subsistencia de miles de personas. Ello aunado al hecho de que una prohibición seguramente acarrearía un comercio clandestino de artificios pirotécnicos difícil de controlar por las autoridades competentes, agregó.
Zapata Lucero explicó que la pirotecnia es milenaria y su presencia en México data desde la Nueva España, ligado a festividades lúdicas y religiosas, siendo el sustento en la actualidad de cuando menos 5 mil familias; constituye una actividad artesanal e industrial lícita y regulada, pero riesgosa, que exige aplicar severas medidas ambientales y de seguridad. “Es una actividad digna que debe apoyarse con mejor vigilancia, capacitación y seguridad industrial, sin clandestinidad ni extorsión”.
De acuerdo con algunos especialistas, indicó, en México hay 2 mil 400 permisos para producir o vender pirotecnia, de los cuales 544 se concedieron a habitantes de Tultepec. San Pablito, continuó, es el sitio de venta legal de material pirotécnico más grande del país, donde existen los implementos más modernos y sofisticados para la fabricación de los fuegos artificiales.
Añadió que la fabricación anual de pirotecnia -80 por ciento en Tultepec- posiciona a México como el principal productor en Latinoamérica, sólo detrás de Brasil y entre los cinco países más importantes del mundo junto con China, España y Perú, lo que no se ha traducido en la exportación de tales bienes y el posicionamiento de dicha actividad, situación que resulta incomprensible dada la ventaja comparativa que significa la vecindad con Estados Unidos, un mercado potencial lleno de oportunidades al cual no se ha accedido adecuadamente.
La diputada priista sostuvo que es indispensable aprender de los lamentables acontecimientos y promover la adopción de medidas destinadas a mejorar la infraestructura existente, capacitar a productores y distribuidores, vigilar adecuadamente esta actividad y prevenir la importación ilegal de fuegos artificiales, “medidas que en su conjunto se traducirán en menos accidentes y víctimas fatales”.
Es necesario promover la certificación de todos los involucrados en la cadena comercial, así como establecer políticas dirigidas a incorporarlos a la formalidad, a fin de modernizar esta actividad y fomentar la exportación de estos productos.
