En un punto de acuerdo que será evaluado por las comisiones de la Permanente, pide solicitar al titular de la Profeco, Ernesto Nemer Álvarez, ampliar en todos los aeropuertos del país el Programa de Módulos de Asesoría e Información, para que los proveedores de estos servicios no incrementen los precios de manera unilateral.
Planteó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Profeco coordinen acciones, desde el ámbito de su competencia, para que los aeropuertos del país informen de manera oportuna, a través de medios electrónicos, en tiempo real, con proyecciones a corto plazo y en lenguaje claro, el estado meteorológico y de tráfico aéreo, a fin de que los usuarios puedan planear sus viajes y, en caso de cancelaciones de vuelos o demoras, reorganizar sus itinerarios.
Se requieren medidas estrictas para evitar que las aerolíneas, amparadas en la leyenda de “se aplican restricciones”, sigan vulnerando los derechos de los usuarios al incrementar los precios de los boletos con el pretexto de “cargos o servicios extras” sin la anuencia del cliente, subrayó Flores Gómez.
La legisladora por Jalisco refirió en su punto de acuerdo, que será analizado por las comisiones de la Permanente, que entre los perjuicios ocasionados por las aerolíneas a los usuarios destacan sobreventas de vuelos, retrasos, cancelaciones, cobros extras y no respetar los precios anunciados.
Respecto a la sobreventa de asientos, urgió a la Profeco a intervenir para obligar a las compañías aéreas a informar a los consumidores, antes de adquirir el boleto, la ocupación del vuelo o, en su caso, si se encuentra sobrevendido o no.
Sobre retrasos y cancelaciones, explicó que las aerolíneas se justifican en la mayoría de los casos, al aducir el excesivo tráfico aéreo en los principales aeropuertos del país –siendo el de la Ciudad de México, el más mencionado- o señalar factores meteorológicos como causantes de la cancelación o el retraso.
Ante ello, los usuarios no tienen manera de corroborar esta información más que creer en la palabra y buena fe de las operadoras, pero de acuerdo a las cifras de quejas y denuncias, mil 200 de enero a julio del año anterior, la credibilidad de las empresas que proporcionan servicios de transportación área se debilitan, explicó.
Otra maniobra utilizada por las aerolíneas y que repercute directamente en el bolsillo de los consumidores, es aplicar cobros extras y la consecuente falta de seriedad para respetar los precios promocionados inicialmente en los sitios de Internet.
Al respecto, refirió que el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor estipula de forma clara y precisa que el proveedor está obligado a exhibir, de forma notoria y visible, el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.
Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.
Sin embargo, “es claro que las aerolíneas violentan este precepto legal”, ya que al intentar adquirir un boleto través de las páginas electrónicas, al seleccionar las fechas probables para el viaje, inmediatamente se despliega una ventana con el precio total del boleto, sea redondo o sencillo.
Al momento de seleccionar el viaje y conforme se avanza en el llenado de los formularios para adquirir el boleto aéreo, el usuario se percata que el costo mostrado en la primera búsqueda va elevándose, debido a que las compañías aéreas incluyen sin previa consulta y autorización del consumidor, servicios extras para asignación de asientos, aumento de tarifas por equipaje extra y diversos tipos de seguros.
Por tal motivo, los usuarios de los servicios aéreos deben estar pendientes para identificar qué cargos extras se les cobran sin su consentimiento y deshabilitarlos en los formularios. Algunas aerolíneas en ocasiones no permiten eliminar ese cobro, inflando el precio final en perjuicio de la economía del usuario.
Gómez Flores apuntó que se requiere desplegar medidas contundentes que protejan la economía de los mexicanos y se brinde equidad, certeza y seguridad jurídica entre concesionarios y permisionarios del transporte aéreo.