“Se trata de evitar que en el futuro se realicen actos de derroche o despilfarro del recurso público, ya que la ciudadanía nos demanda austeridad a todos los poderes, que debe establecerse de manera institucional, como obligación constitucional”, subrayó.
“Actualmente existe un descontento social generalizado, al no evidenciarse un gasto público austero por parte de las instituciones públicas de los diferentes niveles de gobierno”, comentó Rebollo Mendoza.
Federación, estados, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, deben ejercer la administración de los recursos públicos buscando la mayor eficiencia, eficacia, transparencia y austeridad.
Para ello, deberán instrumentarse las medidas necesarias a fin de fortalecer las acciones tendentes a lograr ahorros y economías en el gasto o gestión pública, sin detrimento de los resultados.
Argumentó que la justificación de su propuesta de reforma, obedece a que los objetivos fundamentales del gasto público son el impulso del bienestar colectivo de los gobernados, para abatir la marginación y desigualdad social, a la vez de generar inversión, así como el sostenimiento racional y transparente de las instituciones públicas.
Además, concluyó, el dinero de que disponen las instituciones públicas siempre será escaso si se toman en cuenta las crecientes necesidades sociales y públicas, y toda vez que algunas de las fuentes de esos recursos a nivel federal atraviesan por circunstancias inciertas ante los efectos de la crisis financiera internacional.
