A nombre de la diputada Claudia Sánchez Juárez –promovente de la propuesta– Moya Marín explicó que lo anterior se hace ineludible, ya que “el tema de la empresa OHL es una muestra clara de esas redes de corrupción e impunidad y de negocios privados desde la administración pública”.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, agregó que las irregularidades no sólo se observan en la actuación de la empresa española, sino que existen litigios en donde otra empresa se ha encontrado vinculada –Infraiber–, dedicada a la medición de aforos vehiculares, misma que ha denunciado la modificación sin un sustento legal de la concesión de OHL en el Circuito Exterior Mexiquense que le permitió aumentar las tarifas de peaje en un 50 por ciento en ocho años.
Explicó que desde hace varios meses, OHL e Infraiber se han enfrascado en un conflicto jurídico derivado de que el gobierno del Estado de México canceló a Infraiber un convenio que le permitiría medir el aforo vehicular en la vialidad mexiquense. Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los costos de esta última eran mayores a otros servicios similares.
Argumentó que hay que señalar que más allá de un conflicto legal entre estas dos empresas, hay elementos de fondo que tienen que ver con la contratación de los servicios de ambas por parte de las autoridades locales del Estado de México y de funcionarios de la administración federal, que han sido revelados en diversas conversaciones telefónicas dadas a conocer a la opinión pública por los medios de comunicación y que deben ser debidamente investigados.
“OHL ha sido una de las empresas consentidas del actual titular del Poder Ejecutivo, y ha sido Enrique Peña Nieto quien le ha proporcionado todo tipo de facilidades”, señaló la legisladora mexiquense.
“Lo que se ha podido observar es la existencia de una red de corrupción en el gobierno del Estado de México. Las acciones de justicia deben ir a la raíz de la corrupción y sancionar de acuerdo a la ley, a todas aquellas personas que participan activamente desde hace muchos años, en la creación de este sistema de corruptelas y negocios personales desde la administración pública del Estado de México”, puntualizó.
Para ser analizada, la propuesta fue turnada a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.
