El legislador perredista sostuvo que una intervención militar en contra de las protestas populares y pacíficas por los malos manejos de la actual administración pública, sería tanto como echarle gasolina al fuego, porque el descontento emerge de los efectos acumulados de una política económica que por más de 30 años debilitó la base del aparato productivo nacional, incrementó la pobreza, provocó la desigualdad extrema y descomposición del tejido social.
Pidió diferenciar entre la movilización social en contra del gasolinazo y los actos vandálicos suscitados en tiendas departamentales, porque éstos últimos están claramente organizados y manipulados para crear un clima de incertidumbre y miedo entre la población, y con ello justificar la represión contra quienes expresen su descontento contra el actual régimen.
Por ello, pidió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) no sólo revisar con seriedad la posibilidad de realizar un periodo extraordinario para dar marcha atrás a los gasolinazos; sino frenar sus ímpetus de aprobar una Ley de Seguridad Interior, cuyo fin pareciera, no es sólo regular la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública, sino la de firmarle un cheque en blanco para ejercer la represión.
Ante el anuncio de que el próximo martes habría reunión de diputados y senadores para iniciar la revisión y el debate sobre la Ley de Seguridad Interior, el diputador federal dijo que es inadmisible que el PRI rechace un periodo extraordinario para tratar el asunto del gasolinazo y pretenda legislar al vapor para sacar adelante dicha legislación.
Además, subrayó que cualquier reglamentación que se pretenda hacer para normar la participación del Ejército Mexicano en la lucha contra el narcotráfico, debe contemplar la aprobación de la Ley General Contra la Desaparición Forzada de Personas.
Reiteró que no se puede firmar un papel en blanco para permitir que los militares entren a una casa sin orden de cateo o delito flagrante, ni permiso de los habitantes de un domicilio.
Insistió en que sacar de su domicilio o detener a la fuerza a cualquier persona y subirlo a camionetas oficiales o no, sin que exista caso urgente, flagrancia en la comisión de algún delito ni orden de aprehensión y -lo que es peor- llevárselos con rumbo desconocido, debe considerarse como un delito grave y tipificarse como desaparición forzada.
Desafortunadamente, dijo, son cada vez más comunes de grabaciones de las cámaras de seguridad o los celulares que se suben a las redes sociales, donde se acredita la posible participación de elementos del Ejército en la detención y desaparición forzada de personas, además de la vulneración de sus derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad, así como a la transgresión de la integridad personal y personalidad jurídica.
Por todo lo anterior, subrayó, es necesario avanzar en la tipificación como delito grave de la desaparición forzada, considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una violación grave a los derechos humanos.
Consideró que en México prevalece una situación crítica en materia de desapariciones forzadas que, de acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, existe una estimación de 26 mil 798 personas se encuentran “no localizadas” en el país, según el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
