En 2016, Prospera tuvo una cobertura geográfica considerada histórica, al llegar a 10 mil comunidades rurales a las que nunca antes había llegado un programa social.
Como eje de la política social del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Prospera cumplirá también los objetivos trazados en la Estrategia Nacional de Inclusión y se mantendrá como el programa más transparente, auditado y vigilado de la administración pública.
La instrumentación de Prospera, se basa en la suma de recursos y esfuerzos de autoridades federales, estatales y municipales, del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil, que contribuyen a elevar el nivel de vida de personas en condición de vulnerabilidad.
El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, aseguró que en 2017 Prospera seguirá transformando la manera de apoyar a quienes menos tienen; es parte fundamental de la política social de nuestro país y de la atención en los ámbitos de la educación, alimentación y salud.
El trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y las Secretarías de Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Economía y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha ampliado la cobertura universal de beneficiarios de Prospera al Seguro Popular y ha extendido también los beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a más de un millón de estudiantes de educación media superior y superior de todo el país.
En el ámbito de la educación, 764 mil personas cuentan con certificado de primaria y/o secundaria. Las mujeres beneficiarias de Prospera están cubiertas por la póliza del Seguro de Vida para Jefas de Familia y 750 mil personas son también beneficiarias del Programa de Pensión para Adultos Mayores (65 y Más). Todas las familias beneficiarias de Prospera tienen acceso a las lecherías de Liconsa.
En 2017, la supervisión estricta en la aplicación de los programas que instrumenta la Sedesol, se mantendrá por medio de las instancias institucionales encargadas de vigilar su padrón de beneficiarios, entre estas la contraloría social, formada por 569 mil 876 beneficiarios capacitados para cuidar el uso de los recursos destinados a acrecentar el desarrollo de la población.
