El Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inauguró el Primer Periodo de Sesiones correspondiente a 2017, con una breve reseña de los asuntos que podrían resolverse en este primer semestre del año, entre los que citó las impugnaciones en contra de la Ley que Regula el uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.
En el Salón de Plenos del Alto Tribunal, recordó que la SCJN recibió varias acciones de inconstitucionalidad en contra de la referida ley, por violación, entre otros, a los principios de legalidad y seguridad jurídica, al derecho de libertad de expresión, así como el principio de ultima razón en el empleo de la fuerza y el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad estatal.
Destacó que en este periodo la SCJN podría analizar también la penalización en el estado de la puesta en peligro de contagio de una enfermedad de transmisión sexual de Veracruz, así como la demanda promovida para eliminar la posibilidad de otorgar dispensa en casos graves y justificados a menores de edad para contraer matrimonio en Aguascalientes.
“Otro asunto interesante que habremos de afrontar es la Acción de Inconstitucionalidad promovida en contra del Código de Justicia Militar en varios de sus artículos y preceptos. Y también emprenderemos el análisis de diversas CC que implican analizar la posible transgresión al régimen transitorio de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción”.
En el primer caso, se trata de una demanda promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que pide analizar la constitucionalidad y legalidad de actuaciones de la autoridad militar, como el requerimiento de documentos, información o datos, diligencias o peritajes, y si puede estimarse a la policía ministerial militar y al ministerio público militar, como autoridades competentes para tener acceso de manera directa a elementos objetivos que contienen información como datos personales, en aras de investigar y sancionar delitos de la disciplina militar.
El Ministro Presidente citó también, como posible tema a resolver en este periodo, las acciones de inconstitucionalidad que impugnan normas de diversas entidades federativas, por ser violatorias de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental penal y en los mecanismos alternativos de solución de controversias.
“En relación también con impugnaciones a disposiciones de la Ley de Amparo se podría resolver la Acción de Inconstitucionalidad en torno a la imposibilidad de suspender, en este medio, la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial penal, así como diversas Contradicciones de Tesis sobre estos temas de la Ley de Amparo”, expuso.
En la misma sesión, el Ministro José Fernando Franco González Salas presentó el informe de la Comisión de Receso, que también integraron los Ministros Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Detalló que del 15 de diciembre de 2016 al 1 de enero de 2017 se recibieron 179 expedientes y mil 380 promociones, que se remitieron y tramitaron conforme consta en los informes entregados a cada uno de los Ministros.
De los acuerdos adoptados, refirió la admisión de la Controversia Constitucional 251/2016, promovida por el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para lo cual se habilitó como día hábil el 17 de diciembre, por instrucciones del Ministro Laynez Potisek, a fin de dar trámite a la admisión y otorgamiento de suspensión correspondientes.
Entre los expedientes recibidos, informó el Ministro, se encuentran17 demandas de controversia constitucional, 9 recursos de reclamación y 6 acciones de inconstitucionalidad.
Entre los acuerdos tomados citó también la revocación de la suspensión otorgada en la Controversia Constitucional 99/16; el desechamiento de la Controversia Constitucional 234/16 promovida por el apoderado legal del Ayuntamiento de Alvarado.
El Ministro Franco González Salas detalló que fueron admitidas las Controversias Constitucionales 235/2016, 237/2016 y de la 245/2016 a la 252/2016, todas promovidas por ayuntamientos de Veracruz prácticamente con la misma materia, por lo que se admitieron y reservaron para su trámite.
