Dio a conocer que en el reciente Periodo Ordinario de Sesiones de la Cámara de Diputados, que concluyó el pasado 15 de diciembre, presentó una iniciativa de reformas a los Artículos 133 de la Ley Federal del Trabajo y 27 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, para que dicho documento deje de ser un requisito para obtener un trabajo.
“Si no existe un mandamiento judicial, la exigencia de esa carta no debe prevalecer. No conseguir un trabajo tiene afectaciones directas en las familias o en los hijos. Los antecedentes delictivos de un individuo no tienen por qué afectar a sus dependientes económicos o terceros”, puntualizó.
En entrevista, aseguró que a las personas que tienen antecedentes penales se les imposibilita conseguir un empleo, lo que contrasta con lo que establece el Artículo 5 Constitucional, de que todo ciudadano mexicano tiene derecho a dedicarse a un oficio, actividad o trabajo, siempre y cuando éste sea legal.
El también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados consideró que con la exigencia de la carta se propicia un estigma hacia todas las personas, principalmente para quienes estuvieron recluidos en alguna cárcel del país, debido a que se les impide su crecimiento laboral y económico. Esta medida, agregó, repercute además de forma negativa en la productividad de las compañías e instituciones.
“Es la marca que muchas personas tienen a veces por delitos simples y queda registrado en los archivos de las procuradurías de justicia de las entidades federativas y los tribunales. Aun así hayan transcurrido unos días o 20 años, sigue apareciendo el antecedente penal, por lo que al momento de pedir trabajo se sufre discriminación laboral”, recalcó.
El legislador por Zacatecas expresó que ante el tormento y las vejaciones que sufren las personas con antecedentes penales al momento de pedir un trabajo, es fundamental tener sensibilidad y eliminar la carta como requisito.
