Precisó que, en ese lapso, el total de víctimas fue de tres millones, es decir, 600 mil por año y mil 345 por día. Además, desde 2010, el país ocupa el primer lugar de casos de agresiones sexuales contra mujeres al año, con 120 mil violaciones.
Ante ello, la legisladora presentó un punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional de Salud a promover y garantizar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, y dé a conocer a la opinión pública los avances, retos y obstáculos en la implementación y aplicación práctica que ha tenido.
Plascencia Pacheco puntualizó que en diversas entidades del país hay notas relacionadas con la falta de una verdadera atención a las víctimas de violencia sexual, en particular con la aplicación de la NOM, la cual establece una serie de procedimientos y servicios que debe ofrecerse obligatoriamente a las víctimas.
Subrayó que dicha Norma es de cumplimiento obligatorio y la regla general es la inobservancia de la misma, lo que genera una serie de infracciones graves a los derechos de las mujeres que han sido violadas sexualmente.
El Comité sobre la Convención de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW) recomendó al Estado mexicano establecer mecanismos efectivos, en los planos federal y estatal, para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relativa al acceso a los servicios de atención de salud y la educación.
También pidió adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra las mujeres, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables, para mejorar los servicios de apoyo a las víctimas, garantizando su acceso a centros de atención y refugios establecidos. Demandó, asimismo, garantizar que los profesionales de la educación, proveedores de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la NOM.
De igual modo, asegurar que en todos los estados del país las mujeres víctimas de violencia sexual tengan acceso a servicios médicos seguros y se vele por la debida aplicación de la Norma, en particular el acceso a anticonceptivos de emergencia para las que han sido violadas.
“Nos preocupa la falta de aplicación de la NOM para posibilitar la interrupción legal del embarazo, en los términos previstos por las disposiciones referidas, obligando a las mujeres a maternidades forzadas, lo que vulnera nuevamente sus derechos humanos”, destacó.
La diputada del PRI argumentó que diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos de las mujeres, han señalado que, en algunos casos, en las instituciones de salud, públicas y privadas, “prevalecen actitudes moralinas que inhiben que la normatividad se aplique y, por consiguiente, se impida la aplicación práctica de la misma”.
También, expresó, algunos gobernadores han emprendido acciones legales en contra de la aplicación de la Norma. Por ello, dijo, es de la mayor relevancia conocer del propio Consejo Nacional de Salud, su opinión sobre esta grave problemática.
