Desde la Tribuna, Dunia Ludlow Deloya, presidenta de la Comisión de Vivienda, reconoció la voluntad de las fuerzas políticas para aclarar y solventar las observaciones remitidas por el gobierno local, a fin de establecer el acceso a la vivienda como derecho y determinar un nuevo modelo de desarrollo urbano participativo e integral.
Señaló que “de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, esta ley de vivienda propone crear nuevos impuestos. El concepto de captación de plusvalías no significa ningún atentado contra la propiedad privada, porque está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ninguna ley, ningún ordenamiento puede estar por encima de la Carta Magna”.
El dictamen de esta nueva Ley, propuesta por los diputados Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno y Dunia Ludlow, modificó la Fracción 20 del Artículo 26 para quedar de la siguiente forma:
“Crear mecanismos para combatir los procesos de acaparamiento, subutilización, acaparación de los terrenos que tiendan a revertir a favor de la sociedad el valor generado por el desarrollo y el crecimiento urbano.”
Respecto del Artículo 94, se realizó una armonización de la Ley General de Asentamientos Urbanos, cuyo ordenamiento quedó aprobado de la siguiente manera:
“El gobierno de la Ciudad de México destinará los recursos recabados por concepto de mejoras, medidas de mitigación e incrementos a la densidad por parte de empresas desarrolladoras, al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y en general al entorno de la zona donde se llevó a cabo el desarrollo.
“Asimismo, podrá proponer modificaciones al órgano legislativo en materia de desarrollo urbano a fin de contribuir al financiamiento e instrumentación del ordenamiento territorial el desarrollo urbano sustentable y el desarrollo metropolitano en condiciones de equidad conforme lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
“La Secretaría de Finanzas propondrá, conforme a sus atribuciones, asignar al Instituto de Vivienda un porcentaje de estos recursos para la adquisición de reservas para la construcción de vivienda de interés social y popular, así como para la producción social del hábitat y de vivienda”.
En congruencia con estos cambios, puntualizó la presidenta de la Comisión de Vivienda, se eliminó el Artículo 90 transitorio.
Para razonar el voto, Raúl Flores García, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó que esta ley marca una forma de legislar con consensos para escuchar todas las voces. “Esta ley, más allá de la mal llamada plusvalía, permitirá ordenar los gastos de mitigación que tienen que aportar los desarrolladores a las colonias de manera justa”.
Refirió que el tema que circuló en medios de comunicación sobre la plusvalía y que “significó que la asamblea fuera cuestionada sin razón de fondo”, no explica que en la teoría marxista, este concepto de apropiación es el valor que apropia el trabajo y aquello que deriva de la transformación de mercancías.
“Se puso de moda en los 80 por la revalorización que la ciudad da por la introducción de servicios públicos, para que la ciudad aporte valor a las casas de quienes la habitan. Las viviendas para quienes compramos una casa tiene un valor de uso, no de cambio”.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado José Alfonso Suárez del Real dijo que la modificación al artículo 94 ha permitido aquilatar la pertinencia de tener normas claras e impecables comprendidas por todos. Reconoció la disposición de los grupos parlamentarios y de la jefatura de gobierno para elaborar de manera conjunta una redacción puntual y precisa que detalla las contribuciones a pagar.
“El artículo 96 señala la contribución por concepto de mejoras de medidas de mitigación, de incremento a la densidad, quién la va a pagar. Sólo las pagarán las desarrolladoras, no los compradores, no quienes van a adquirir el bien, y que los recursos captados de la Tesorería se destinarán al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y en general del entorno en donde se van a aplicar esos recursos”.
Asimismo, Suárez del Real argumentó que se vinculan las contribuciones para que la Secretaría de Finanzas proponga la asignación del porcentaje y se destine para adquirir reserva territorial a fin de construir vivienda de interés social y popular así como la producción social del hábitat y de vivienda. “Esta ley se transformó en un círculo virtuoso entendible para todos los actores involucrados y para quien lo lea”, apuntó.
Margarita Martínez Fisher, del Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que el debate de las plusvalías generó una controversia de grandes proporciones. “Los ciudadanos se preocuparon, nos lo expresaron, y esta Asamblea Legislativa es sensible y responsable para dejar clara la redacción y eliminar cualquier tipo de preocupación.
“No es nuestra intención plantear un debate ideológico, ni señalar culpas ni justificar un concepto que aun cuando es utilizado en todo el mundo e incluso está considerado en la Ley Federal de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, ha generado una controversia de grandes proporciones”.
Martínez Fisher aclaró a nombre de su partido que están a favor de eliminar el término de plusvalía en la Ley de Vivienda, así como fortalecer los mecanismos de responsabilidad de los desarrolladores inmobiliarios. Coincidió en que “no hay afectación a la propiedad privada ni al patrimonio de las personas, no existe ningún tipo de intención expropiatoria o confiscatoria por concepto de plusvalías, tampoco establecer ningún impuesto”.
Víctor Hugo Romo Guerra, diputado del PRD, resaltó que “nos vendieron que venía el coco con un concepto de vivienda”. Al respecto, dijo que las reformas se realizan porque hay “ignorantes que se atrevieron a decir que la plusvalía es un concepto explícito de apropiación del bien privado, casi casi una expropiación”.
Definió el término de plusvalía en el contexto marxista y enfatizó que las observaciones aprobadas permiten que esta ley sea explícita.
Luego de la aprobación, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Adrián Rubalcava Suárez (PRI), pidió que el decreto se remitiera al jefe de gobierno para los efectos legales conducentes.
