Y los más sorprendidos son precisamente los enemigos del Ejército Mexicano: los merolicos energúmenos del aparato de propaganda de la izquierda, incluido su vicario en la presidencia de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.
Ante la sorpresa las reacciones se dividen. Unos, más desquiciados que de costumbre, hablan de golpe de Estado y de la militarización del país, con lo cual no hacen sino repetir el discurso sicótico de sus amigos del EPR, ERPI y demás grupos terroristas.
La reacción de González Pérez no fue esa, sino la de pedir que los soldados no regresen a los cuarteles ¡Perfectamente comprensible! Porque sin el Ejército en las calles ¿a quién podría linchar, fuera de la Policía Federal?, ¿si no es con falsas acusaciones contra los soldados (que se caen en los tribunales) como podría avanzar este sujeto en su ambición de convertirse en Fiscal General?
Todo el discurso sobre la pretendida maldad del Ejército y del supuesto propósito de militarizar al país cae hecho añicos cuando el general Cienfuegos dice: no queremos estar haciendo las labores que corresponden a la policía y al ministerio público, no lo pedimos, no son nuestras obligaciones ordinarias y si las cumplimos es por nuestra absoluta lealtad a la Constitución y a las instituciones.
Pero al mismo tiempo el General Secretario Cienfuegos establece: debe haber plazos fatales para nuestro regreso a los cuarteles, pero en tanto se cumplen y para seguir actuando con la mayor eficacia el Ejército requiere de un marco jurídico, de la indispensable ley reglamentaria del artículo 89 de la Constitución, que determine sin la menor ambigüedad lo que se permite y lo que no a la institución castrense y conforme a la misma se juzgue su desempeño.
Si ante la posibilidad del regreso de las tropas a los cuarteles el General Cienfuegos se manifestó a favor, dispuesto a alzar no una mano sino las dos manos, los que siempre están atacando al Ejército y hablando contra el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública debieron haber alzado sus cuatro patas.
Pero no pueden hacerlo porque durante muchos años nunca exigieron que las policías regresaran a hacer su labor y porque para sus mezquinos intereses es mejor un Ejército en las calles al cual atacar.
Otros de los actores de la farsa tuvieron otras reacciones. Al parecer hay consenso entre los senadores para convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y aprobar la iniciativa de ley de seguridad interior, reglamentaria del artículo 89 constitucional.
Es decir, nuestros buenos legisladores están sufriendo un súbito ataque de responsabilidad, que no tuvieron cuando debieron haber discutido y aprobado la citada iniciativa hace mucho tiempo.
Pero si los actores de la gran farsa de la seguridad y la justicia en México creen que con legislar se acabó el problema, no han escuchado el clamor no sólo de nuestras Fuerzas Armadas, sino de la abrumadora mayoría de la sociedad.
Con ley o sin ley la CNDH de González Pérez seguirá linchando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal y seguirá sirviendo, objetivamente, a la delincuencia, como tan bien sabe hacerlo.
De nada servirá si la ley acota la actuación de las Fuerzas Armadas si sigue sin haber policías capaces e íntegras para enfrentar y vencer a la delincuencia y si los gobernadores siguen nadando de a muertito e incumpliendo con su primordial obligación de garantizar la seguridad pública.
Tampoco la aprobación de la ley de seguridad interior tendrá el menor efecto ante jueces y magistrados prevaricadores que liberan a secuestradores detenidos en flagrancia o aceptan abrir procesos contra militares por cumplir con su deber, cuando no había evidencia de delito en su contra.
Y es que el problema es más grande y más grave de lo que los legisladores, los gobernadores y el propio gobierno federal quieren reconocer. El drama de las Fuerzas Armadas es muy parecido al del mito de Sísifo: lleva una roca de peso y tamaño descomunal hasta la cima, pero tan pronto como ahí la coloca la roca rueda hasta el fondo y hay que reanudar el esfuerzo. No importa cuánto se esfuerce el Ejército contra la delincuencia porque sus logros son anulados por la impunidad.
En efecto, el nuevo sistema de justicia penal que el gobierno federal presume a través de una pertinaz propaganda como un gran logro, es en realidad un estrepitoso fracaso ¡Hoy el país padece más impunidad que nunca!
Y de esta responsabilidad casi ningún gobierno estatal se salva y por supuesto tampoco el gobierno del presidente Enrique Peña.
