La propuesta, impulsada por la diputada María Cristina García Bravo (PRD), es en razón de las expresiones sexistas, misóginas y discriminatorias del magistrado en una mesa de diálogo pública sobre paridad de género, organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el pasado 7 de noviembre.
García Bravo consideró que no basta la renuncia del magistrado como presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, “se requiere su dimisión al cargo de magistrado, pues de no ser así se estaría ante un presunto acto de simulación, que sólo confunde a la ciudadanía”.
El punto de acuerdo, que será puesto a consideración del Pleno cameral, también pide que la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) realice la supervisión, capacitación y el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de igualdad sustantiva, que coadyuve a erradicar la violencia contra las mujeres, a todas y todos los funcionarios de cualquier régimen laboral, en áreas y niveles que presten sus servicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por otra parte, la Comisión aprobó exhortar a las Procuradurías de Justicia del Distrito Federal, del Estado de Chiapas y del Estado de México a abrir una averiguación, a fin de esclarecer la verdad histórica de los hechos, agotar las líneas de investigación correspondientes y proceder conforme a derecho, contra quienes resulten responsables por los homicidios cometidos en perjuicio de tres mujeres transexuales.
Mediante otro punto de acuerdo, se solicita que el titular del Ejecutivo federal, los gobernadores de las entidades federativas y los presidentes municipales ejerzan eficientemente, en tiempo y forma, la totalidad del presupuesto del “Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género”, etiquetado a los mecanismos para el adelanto de la mujeres en el Anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.
Pide que se le destinen mayores recursos estatales, a fin de asegurar políticas, programas y acciones que aseguren el ejercicio de los derechos humanos de este sector y eliminen la desigualdad de género.
Además, demanda que gobernadores y presidentes municipales fortalezcan y brinden las facilidades para la adecuada operación del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, a efecto de erogar sus recursos públicos y no frenar el acceso de las mujeres a los beneficios del desarrollo.
Se admitió que el Inmujeres, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, realicen acciones que garanticen que en empresas e instituciones certificadas por cumplir la Norma Oficial Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015), los puestos desempeñados por personal femenino que queden vacantes, sean dados preferentemente a mujeres, en caso de que un trabajador hombre exprese su interés por ocuparlo.
Igualmente se avaló un exhorto para favorecer políticas públicas de prevención y sanción a quienes violenten a integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) en el país.
Se aprobó un acuerdo para que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Inmujeres, instale Centros de Atención Integral a Mujeres y Niñas que han sufrido violencia.
De la misma forma, se emitió una opinión a favor de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de perspectiva de género.
