Lo que está pasando en las cavernas administrativas de la paraestatal Exportadora de Sal, supuestamente del Estado mexicano, es digno de haber sido relatado en la Historia Universal de la Infamia, el famoso libro de Jorge Luis Borges. Lástima que el gran ciego argentino ya murió, que si no le habría agregado un anexo.
En los hechos, resultó que la famosa empresa ubicada en Guerrero Negro, Baja California Sur no era propiedad del Estado, ni cumplía con la ley que regula a todas las paraestatales. Violando las leyes en vigor, tiene, inexplicablemente, en su Consejo de Administración a los japoneses representantes de Mitsubishi, una de las dos empresas, junto con Sony, más importantes del imperio del sol naciente. Prácticamente las dueñas de Japón.
El gobiernito federal es tan displicente con ellos, que al Consejo rara vez asisten los representantes designados de las secretarías de Hacienda o de Economía. Sólo firman a toro pasado y varios meses después los documentos que ahí se aprueban, bajo la batuta de los japoneses, los colmilludos Fujitake o Yoshida, según corresponda. Los trabajadores mexicanos se pliegan a sus órdenes. Absolutamente vergonzoso.
Mitsubishi y sus empleados: Blanco y Guajardo
Todo, porque el sistemita decidió que la sal de la tierra era nuestra sólo para que la extrajeran, embolsaran, distribuyeran y vendieran los japoneses de Mitsubishi. Por algo le pagan un millón de dólares mensuales a Herminio Blanco, socio de Ildefonso Guajardo Villarreal en este y otros “bisnes”. Blanco, ex secretario de Comercio de Ernesto Zedillo, es el más influyente consejero de sal y minas de la Secretaría de Economía, ¡donde también cobra por los mismos consejos!
Por algo se dice en los círculos republicanos de Estados Unidos que los otrora culiempinados negociadores del TLCAN, Serra Puche y Blanco Mendoza, hoy son los fanáticos palafreneros y empleados de los japoneses y asiáticos, y se han volteado a los intereses estadunidenses que defendieron a capa y espada, y que cobraron a precios de guerra.
No extraña por eso que, como plañidera, Ildefonso Guajardo clame a los cuatro vientos que, para sustituir al TLCAN que Donald Trump está empeñado en derogar –por la corrupción de quienes lo firmaron, sobre todo–, ¡ahora hay aliarnos a China! El negocio, su negocio, está ahí.
Tiraban la salmuera; JHLP la vendió y lo acusan por ello
Para detener y procesar a Jorge Humberto López Portillo, los mastines jurídicos de Economía argumentaron que este personaje había comprado una barcaza sin autorización del Consejo –en realidad, quien la licitó fue su antecesor–, y por haber vendido una cantidad considerable de salmuera a la empresa estadounidense Packsys, entregando una cantidad a los trabajadores de Mulege, “sin estar autorizado”.
Por esa salmuera, que antes se tiraba –y contaminaba– la Profepa iba a clausurar las minas de sal. Cuando López Portillo las hizo económicamente aprovechables, los japoneses ordenaron a Blanco, y éste a Guajardo, que lo despidieran.
Fue acusado “por un contrato ilegal firmado en 2014 sin el aval del consejo de Administración de la paraestatal, que daba en exclusiva a la empresa Packsys el derecho para comprar por tiempo indefinido 300 millones de toneladas cúbicas de salmuera”. ¡Qué cuajo de los próceres de petate de la Secretaría de Economía!
Le inventaron la adquisición de una barcaza
Un mes después, la Secretaría de la Función Pública, todavía en manos del rizadito Virgilio Andrad, lo inhabilitó por diez años, debido a la compra no autorizada de una barcaza de 92 millones de pesos, desconociendo a propósito que la dichosa barcaza fue adquirida en 2012 por Edmundo Elorduy, el director general anterior.
Aún más: Función Pública multó al ex director de la paraestatal con más de once millones de pesos por las irregularidades que encontró durante su gestión, “por realizar contratos de venta de sal en tonelaje superiores a los permitidos y convenir la entrega de dividendos al ayuntamiento de Mulegé, sin la autorización del Consejo de Administración”. ¡Qué tal!
La mafia del calderonato para sustiuir a JHLP
Al remover a López Portillo, el Consejo designó a Humberto Esquivel, el anterior contralor alcahuete de PMI Internacional Pemex y director del fraude de la enana Estela de Luz del calderonato , mismo que al tomar posesión dijo que “la empresa no es prioritaria para México y tal vez se cierre o se venda pronto”.
Que “para Mitsubishi, la Exportadora de Sal es el negocio más importante que tiene en México, ya que produce más del 30% de la sal que se comercializa en el Océano Pacífico (China, Japón, USA, Corea, Rusia, Canadá, los tigres asiáticos, etc.), que es el principal centro industrial del mundo”. Hasta ahí sus palabras, sacadas de la sesión de Consejo de la empresa.
Acto seguido, fueron “despedidos todos los funcionarios o servidores públicos que participaron, desde Exportadora de Sal o la Secretaría de Economía en la investigación por tema comercial contra Mitsubishi o Mario Alfonso Cantú Suárez”, el residente gringo –sí, le dijo al ICE que tenía cinco años ininterrumpidos de vivir en Austin; mintió–, poderoso Coordinador General de Minería, el lacayo de Herminio Blanco y los nipones.
López Portillo, despedido y preso de conciencia
Todos los que quisieron sacar provecho a los residuos salinos que los japoneses ordenaban a los trabajadores tirar al mar, la famosa salmuera, fueron tratados como traidores a la patria, porque pretendían competir con los extractores nipones. Sin pensar que tanto la sal como la salmuera son propiedad de los mexicanos.
Cuando Jorge Humberto López Portillo, despedido de conciencia, se encontró a Peña en el evento agrario del 6 de enero de 2015, se encontró con la sorpresa de ser felicitado por él, por el asunto de la recuperación de la salmuera. El llamado Presidente no sabía que a sus espaldas, como todo en este país, Videgaray, Guajardo, Blanco, Cantú Suárez, por órdenes de los japoneses, lo habían sacado de la circulación.
Peor aún. López Portillo fue ingresado al Reclusorio Sur en cumplimiento a la orden girada por el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales, en la causa penal 40/2016.
Gamboa Patrón dio la razón a su protegido Guajardo
En el apogeo de su despido, buscó a Emilio Gamboa Patrón para quejarse de la falta de aseo en la renuncia que le obligaban a presentar. Cuando estuvo frente a él, le montaron un circo de aquéllos. Presumiblemente, Gamboa, al teléfono con su contlapache Guajardo asintió que la renuncia había sido motivada por el robo de una barcaza. O eso era lo que le habían vendido a Peñita.
Apestado entre sus correligionarios, Jorge Humberto López Portillo ha tenido que tragar, auténticamente, varias toneladas de sal. Fue utilizado como chivo expiatorio para distraer el desfalco patrimonial que la tolucopachucracia ha permitido a los japoneses, ubicados en el seno del Consejo de Administración de Exportadora de Sal, en contra de la propia empresa.
Bombazos de dólares a los fruncionarios y asesores
Gracias a los toluquitas, los ambiciosos y despiadados japoneses controlan a placer el mercado de más del 30% de sal que consumen los países ubicados en la Cuenca del Pacífico.
Es nuestro Pearl Harbor permanente. Un ataque sistemático, constante, al patrimonio nacional, pues se supone que la sal –la más pura del mundo, además– es de los mexicanos. Pero, para no variar, corrompiendo a los mandarines con bombazos de dólares, los japoneses la manejan, transportan, comercializan ¡como si fuera de ellos!
¡Carajo! ¡Ni teniendo todas las canicas en la bolsa, los toluquitas pueden jugar! ¡Están salados!
¡Y así creen que pueden compensar los descalabros del TLCAN! Firmando ahora el dichoso Acuerdo Estratégico Trans-Pacifico de Asociación Económica. No han entendido que en manos de los traidores y los pelmazos, ni la pólvora arde.
Y todavía piden el tiro en la cabeza: un Mega TLC con China. No cabe duda. No saben lo que dicen. Hay que amarrarlos.
¿No cree usted?
Índice Flamígero: El 22 de junio más reciente, el diario Ovaciones publicó: “La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados demandó aclarar las condiciones en las que la empresa japonesa Mitsubishi se ha convertido en la única distribuidora de la sal mexicana en todo el mundo, con condiciones desventajosas y abusivas para nuestro país. “El coordinador de los diputados de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, solicitó a las autoridades correspondientes realizar una investigación exhaustiva, que permita deslindar las responsabilidades de funcionarios públicos y de privados, en el caso de la inexplicable concentración de beneficios en favor de la empresa japonesa Mitsubishi Corporation, en su sociedad con la empresa de participación estatal mayoritaria Exportadora de Sal SA de CV, en evidente perjuicio del Estado mexicano. “Por ello, anunció la presentación de un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exigir subsanar esta situación, pues esta empresa transnacional compra por debajo del precio internacional y vende más caro a sus clientes, todo ello gracias a la participación de funcionarios corruptos de ESSA y de la Secretaría de Economía.
“El legislador consideró que con esto, Mitsubishi atenta contra la soberanía nacional y quebranta las finanzas nacionales…” El punto de acuerdo ha sido bloqueado por los priístas. ¿Por quienes más, si no? + + + Jorge Alberto Cornejo Manzo, vocero del gobernador de Baja California Francisco (alias) Kiko Vega fue colaborador cercano al hoy procesado ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés. Hoy “defiende” a su actual patrón con mañas de plano carcelarias, pues de raza le viene al galgo. Su víctima es el colega Antonio Heras Sánchez –el escribidor fue compañero de Toño en la desaparecida Imevisión–, quien ahora es corresponsal de la revista Proceso y del periódico La Jornada, así como y comentarista en Radio Fórmula a nivel estatal. El acoso se da tras de que el ahora acosado “pisó algunos callos”. Hasta le han inventado ser propietario de un lote de autos, que por supuesto el colega no tiene, en el que se venden autos robados. Mi solidaridad y la de todo el equipo, Toño. Con un abrazo. + + + Escribe Lilia Cortés García, de quien usted leyó aquí hace unos días, es perseguida por haber denunciado delitos de lesa Patria perpetrados por la SHCP: “el Dr Agustín Carstens Carstens tiene pendientes en mi caso dos denuncias penales de resolver por lo que, para evitar que salga del país voy a solicitar a la Procuraduría General de la República el arraigo correspondiente, debido a la presunción fundada de que abanderara el país en corto plazo y en ambas averiguaciones previas se han cometido graves irregularidades al debido proceso, ya que desde el momento en que se originaron se violaron mis derechos y garantías por la corrupción con la que actuaron los ministerios públicos y el mismo Agustín Carstens, apoyado por años por la Oficial Mayor de la PGR la Dra. Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, afirmaciones que se puede corroborar con la simple lectura de las averiguaciones previas. Además le pueden preguntar al actual Subprocurador Gilberto Higuera Bernal respecto a mi caso porque él ha tenido contacto con las 22 averiguaciones previas que he interpuesto en la PGR desde 2002, cuyos delitos denunciados se probaron en el momento procesal oportuno con la existencia de los elementos del tipo penal y más aún al no reinstalarme el desacato se heredado la obligación de cumplir con los acuerdos plenarios del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que originaron las averiguaciones previas en su contra AP 131/UEIDCSPCAJ/2006, en su calidad de Secretario de Hacienda atendida en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales por Abuso de Autoridad y Desacato, así mismo la AP PGR/DDF/SZN/VI/005/2008, dónde está indiciado de manera directa el Dr. Agustín Carstens, por no presentar los documentos correspondientes a las previsiones salariales para que se me reinstalara, averiguación radicada en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos; Delegación de la PGR (donde es actualmente Subprocurador Gilberto Higuera Bernalen el D. F., Subdelegación Zona Norte; Mesa VI RN, ubicada en el Reclusorio Norte. Así que antes de salir del país, Carstens tendrá que atender las averiguaciones previas y el arraigo que voy a interponer. Y los demás requerimientos que hagan las autoridades para que se me reinstale y se tutelen mis derechos y garantías.”
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