Al fundamentar el dictamen, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, presidente de la Comisión de Economía, señaló queesta reforma es un esfuerzo complementario al realizado por el Congreso, que aprobó las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al cual se destinarán más de cinco mil millones de pesos el próximo año, esto con el fin de garantizar su implementación.
Recordó que la creación del SNA incluye a los tres órdenes de gobierno, y establece como corresponsables a los ciudadanos en el combate a la corrupción, al señalar que los particulares y empresas que participen en este tipo de conductas también pueden ser sancionados.
“Es importante resaltar que este sistema incluye un Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco ciudadanos electos por la sociedad civil”, dijo.
Mencionó que algunas organizaciones empresariales ya han suscrito códigos de integridad y ética, que contienen principios mínimos a ser respetados en sus relaciones con otras empresas o con dependencias del sector público.
“Ciertamente, las empresas deben ser parte activa de la solución al problema de la corrupción. Al aprobar este dictamen se les hace partícipe, al otorgarles la facultad de promover entre sus agremiados los mejores principios de ética e integridad empresarial para combatirla”, concluyó.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, de Encuentro Social, destacó que datos proporcionados por el Instituto Mexicano de la Competitividad, revelan que la corrupción tiene un coste de 890 mil millones de pesos al año, lo que significa que cada mexicano sufraga 165 pesos diarios a favor de la descomposición social.
Indicó que desde el sector público y la iniciativa privada se debe trabajar de forma coordinada para combatir de manera efectiva todas las formas de corrupción, apuntando hacia un México más justo, en el que ante todo prevalezca el Estado de derecho.
Luis Manuel Hernández de León (NA) consideró que la corrupción es un complejo fenómeno que frena el desarrollo económico y social. En los últimos años, agregó, la falta de transparencia y la impunidad ocasionaron un profundo daño a nuestro país, no solamente económico, sino en la confianza ciudadana hacia sus instituciones.
Resaltó el objetivo de la reforma, y destacó que de acuerdo con el estudio Anatomía de la Corrupción, presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 43 por ciento de las empresas de México reconoce haber sobornado, al menos una vez, a la autoridad para conseguir algún beneficio.
Carlos Lomelí Bolaños (MC) apuntó que la corrupción se encuentra enquistada en lo más profundo de las estructuras públicas, sociales y políticas del país, como una enfermedad que tiene mucho tiempo desarrollándose, no se puede erradicar ni extirpar de manera inmediata.
Es de suma importancia, dijo, atacar la corrupción desde distintos frentes, con una estrategia diversa. Mediante una vigilancia más intensa en los organismos públicos y privados, con una nueva gestión educativa para generar un cambio cultural, pero también de prevención en el ámbito de la corrupción.
Jesús Serrano Lora (Morena) señaló que un verdadero comportamiento ético de los empresarios debería comenzar por reconocer que son solo un sector de la economía y que no siempre sus intereses coinciden con los de otros conjuntos de la sociedad.
“Reconocer que existe un marco legal que les permite desarrollarse plenamente sin afectar a terceros, respetando los derechos laborales y la protección del medio ambiente”, dijo.
Lia Limón García (PVEM) indicó que de acuerdo con el ranking de competitividad global 2015, del Foro Económico Mundial, México está ubicado en la posición 57, y la corrupción es el principal factor que impide hacer negocios. Asimismo, el índice de percepciones sobre corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, México figura como el más corrupto entre los 34 miembros de la OCDE y ocupa el lugar 95 de 168 países.
“La corrupción gubernamental, según el Fondo Monetario Internacional, anualmente cuesta al país más de mil 100 millones de dólares en inversiones y afecta la productividad y el crecimiento. La reforma que hoy discutimos, contribuye en la prevención y erradicación de la corrupción para apoyar el desarrollo económico del país”, señaló.
Waldo Fernández González, del PRD, se refirió al estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad: Anatomía de la Corrupción, que señala que el 44 por ciento de las empresas en México ha pagado alguna vez un soborno, lo que nos ubica sólo por arriba de Rusia y debajo de India, Brasil y China.
Añadió que según Transparencia Internacional, los niveles de percepción de la corrupción de México son alarmantes y no son pocos los intentos para reducirla; sin embargo, se ha fracasado en esta tarea. Tan solo en 2014, nuestro país obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 posibles y ocupó el lugar número 103 de 175 países evaluados.
René Mandujano Tinajero (PAN) comentó que la estrategia en el combate a la corrupción, diseñada desde la Cámara de Diputados, debe ser atendida desde el gobierno federal, como por aquellos sectores privados que son fundamentales para la economía y desarrollo de nuestro país.
Resulta oportuno, dijo, que desde la ley que regula a las cámaras de comercio y sus confederaciones, se comiencen a reforzar las acciones para erradicar la corrupción.
Juan Manuel Cavazos Balderas, del PRI, mencionó que investigaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, señalan que existe una estrecha relación entre el bajo desarrollo económico de un país y los altos niveles de corrupción que se registran y, en este este sentido, aseguró que México pierde oportunidades para crecer y sus empresarios pierden oportunidades de contar con socios capitalistas.
Al referirse al dictamen indicó que algunas de estas políticas de rechazo a la corrupción ya han sido instrumentadas con éxito en todo el mundo. “Si cada vez más empresas deciden emprender este gran paso y adoptan la transparencia, contribuirán enormemente a liberar a nuestro país de este flagelo”, concluyó.
Se turnó a la Cámara de Senadores para su trámite constitucional.
