Así, desde Yucatán, a donde acudió a echar a andar un centro de nueva Justicia penal, convocó a los críticos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a reconocer que, ante las nuevas circunstancias de crisis internacional y sus repercusiones internas, “este gobierno ha actuado con mucha responsabilidad en el tema económico”.
Y agregó:
“Estamos en un entorno complejo a nivel mundial, un entorno en el cual, quienes no actúan con responsabilidad, no hacen ajuste, entonces se les vuelve una crisis.
“Este gobierno ha actuado -desde hace dos años que se veía venir esta crisis-, ajustando los recursos públicos, particularmente del orden federal, y lo menos posible en el ámbito de los estados.
“Estamos tomando acciones para que, este año 2017, que será todavía más difícil, no solamente por el precio del petróleo, que ya de por sí impacta severamente, sino en el entorno internacional en que la baja en la inversión en los países es notoria, el crecimiento también será de igual manera menor, así se estima a nivel mundial.
“Entonces, aquí el Presidente ha tomado la decisión de hacer los ajustes necesarios para que no nos suceda ningún tipo de crisis. Y eso pasa entonces por un ajuste”.
Metido en el tema, Osorio Chong intentó matizar sus comentarios sobre las finanzas y la economía aduciendo que a pesar de que habrá menos recursos, el tema de seguridad y el migratorio, seguirán teniendo los mismos resultados positivos, hacia adelante.
“No podemos justificar que por menos recursos habremos de bajar la guardia en el tema de prevención del delito, que habríamos de bajar la guardia en el tema del cuidado de nuestras fronteras, en el tema de migración y en el tema de seguridad.
“Nosotros estamos trabajando para que esto no suceda, lo estamos haciendo junto con los gobiernos estatales, para que cada quien, asumiendo lo que le corresponde, podamos entregar buenos resultados al término del 2017.
“No es tarea fácil, pero tenemos que cumplirlo”, subrayó.
CONSTITUYENTES ATORADOS
Metidos en una carrera de dos vías, los 100 diputados constituyentes que tienen la responsabilidad de entregar la primera Constitución de la CDMX a más tardar el lunes 30 de enero para que sea promulgada el 5 de febrero junto con las celebración del primer centenario de la Constitución General de la República, viven hoy un exasperante pantano burocrático.
Agobiados por un lado por las incansables estrategias y argucias aplicadas por los 22 diputados de Morena, a quienes obviamente Andrés Manuel López Obrador envió a obstruir, interferir, hacer abortar esta Constitución para la capital, los otros 78 constituyentes pasan horas de discusión sobre cuestiones inverosímiles como el debatir una y otra y otra y otra vez, reglamentos y procedimientos y no sobre los contenidos de los 80 artículos que se tiene previsto tenga la primera Constitución de la CDMX.
Agotados por la tarea interminable de revisar y consensuar cerca de mil propuestas de artículos, cosa que deberán concluir el sábado 10 de este mes conforme lo marca el proyecto inicial, estos constituyentes van de una a otra en un recorrido por las 8 comisiones existentes para analizar los aspectos sociales, económicos, políticos, jurídicos, de seguridad y otros que conformarán el documento final.
Ayer mismo y metidos en discrepancias respecto de la redacción del articulado que deberá dar vida a normas e instituciones de justicia en la Ciudad de México, el presidente de la Comisión de Poder Judicial en la Asamblea Constituyente, el priísta Manuel Días Infante decretó un receso indefinido para “armonizar” los textos.
Así 18 artículos y dos transitorios del dictamen final que deberá ser aprobado y entregado antes del sábado para cumplir con tiempos y formas establecidas, pasaron a revisión y un rediseño a fin de que los constituyentes de todos los partidos puedan aprobarlos.
De ello depende que de la primera Constitución de la CDMX surja un Poder Judicial sólido, sin cuestionamientos ni objeciones que pudieran poner en duda su legitimidad.
Ese articulado será el que determine la integración y operación de Tribunales, jueces, magistrados, órganos autónomos y la Comisión de Derechos Humanos.
Ante los reclamos de los diputados de Morena, especialmente de Bernardo Batiz y Javier Quijano, quienes se quejaron de no haber sido convocados para debatir y redactar los artículos en proceso de aprobación, Manuel Díaz Infante indicó que si no lo hicieron, fue porque no asistieron a las reuniones de la comisión.
Díaz Infante sostuvo que todos los diputados presentes en cada sesión participaron en la elaboración del proyecto de dictamen que además incluyó todas las iniciativas de ciudadanos y diputados enviadas a la Comisión.
Dolores Padierna diputada constituyente del PRD rechazó el proyecto de dictamen, pues, dijo, elimina las propuestas originales del proyecto del Jefe de Gobierno relativas a la creación de un tribunal constitucional y la defensoría del pueblo.
Ambas instituciones, agregó, forman un modelo de impartición de justicia novedoso y totalmente distinto.
Padierna indicó que “es necesario aclarar en el pre dictamen las atribuciones específicas de la sala constitucional, y que ésta habrá de regirse por el artículo 1° constitucional para cumplir con la defensa de los derechos humanos. Y se dijo en desacuerdo con la modificación de la propuesta original del Consejo Judicial Ciudadano que preveía que sus integrantes fueran quienes propusieran a los miembros del Consejo de la Judicatura y al titular de la Fiscalía General”.
El proyecto que apenas iba a ser discutido ayer dejó también de lado dos propuestas del Partido Encuentro Social que habían encontrado eco en gran parte de los miembros de la comisión, a fin de que el Fiscal Anticorrupción fuese electo por los ciudadanos al igual que los miembros del Consejo Evaluador de la Ciudad de México, que será el órgano de fiscalización de todos los recursos, programas y obras que se apliquen y realicen en esta capital.
Estas dos propuestas fueron presentadas por Andrés Millán, quien recuerda que luego se extrañó que quienes le habían dado su apoyo terminaron por desechar estas iniciativas.
En su oportunidad, la diputada del PAN, Kenia López Rabadán dijo:
“Estamos hablando de instituciones relacionadas con la Justicia, con el Poder Judicial y de definiciones que transversalmente afectarán o beneficiarán a la ciudadanía…
“En el PAN pugnaremos para que la Constitución de la Ciudad de México sea coherente con las normas y Leyes aprobadas en el Congreso de la Unión, como son la Ley de Transparencia y el Sistema Penal Acusatorio. Con esta alineación de las leyes locales, la Ciudad de México podría convertirse en la caja de resonancia para las demás entidades federativas”, agregó.
En fin, que así como en esta Comisión se empantanó todo ayer, así en las otras 7 se presentan también obstrucciones y retrasos.
