“El quitar la deducibilidad se debió a que grandes empresarios metían la explotación como si fuese exploración al momento de su declaración fiscal”, explicó la legisladora.
Consideró que en lugar de quitar la deducibilidad, deben implementarse multas o apercibimientos contra las compañías mineras que hagan este tipo de prácticas.
En reunión de trabajo, durante la cual se declaró a la Comisión Especial en sesión permanente, la legisladora indicó que debe concientizarse a la Comisión Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la importancia de apoyar a esta industria que es la cuarta generadora de divisas a nivel nacional.
Adelantó que los diputados integrantes buscarán que esta comisión pase a ser ordinaria, con el objetivo de trabajar en la defensa y seguridad de los trabajadores del sector, e incentivar la inversión por parte de nuevas empresas.
Corella Platt comunicó que antes del 15 de diciembre sostendrán una reunión con la Cámara Minera de México (Camimex), y otra con el oficial mayor de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
“Existen varias inquietudes por parte de la industria minera, sus directivos quieren platicar con la comisión de diversos temas, principalmente de la Ley de Ingresos, específicamente del artículo 275 de la Ley de Derechos, en donde nosotros aprobamos que se quite el 2.5 por ciento (del 80 por ciento que les corresponde aportar al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros) a los entidades, para destinarlos a la SEDATU”, refirió.
Comentó que ayer se reunió con el oficial mayor de SEDATU, quien le explicó que este 2.5 es muy necesario y debe descontarse de los estados y no de la Federación, ya que sin ese porcentaje la dependencia no podría operar.
Además, agregó, no existe una subsecretaría de Minería, como lo han pedido los empresarios, grandes, medianos y pequeños, que vigile que el fondo minero llegue en tiempo y forma.
Por último, señaló que los inversionistas del sector buscarán que el dinero que pagan en impuestos a la Federación, regrese a los estados y municipios de explotación minera, en beneficio de estos y haya, en consecuencia, más inversión.
