Precisó que la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos para la Salud, por ejemplo, sólo ofertó siete mil 564 plazas de residencia para diversas especialidades en 2015, lo que significa apenas la cuarta parte de la demanda promedio de los aspirantes, que cada año suman más de 20 mil.
A la insuficiencia de la oferta contribuirá el recorte al presupuesto de 2017, pues impedirá ampliar el número de galenos que puedan ser considerados como residentes, tal como son definidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2013 (“Educación en Salud”).
En esta norma se asienta el derecho de los residentes a recibir remuneraciones y prestaciones al tiempo que se capacitan y especializan, lo que supone a su vez disponibilidad económica.
Esto –dijo la legisladora- es pretextado para obstaculizar la ampliación del número de residentes médicos y para vulnerar los derechos humanos y laborales de quienes son aceptados, pues se les somete a jornadas continuas de 30 horas o más, lo que es notoriamente perjudicial para su práctica y aprendizaje.
Con base en lo anterior, la parlamentaria consideró prioritario revisar y ajustar la Ley General de Salud y la Ley Federal del Trabajo.
En la primera se incluiría en su artículo 90 que las Unidades Médicas Receptoras de Residentes podrán solicitar a la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales la creación de nuevas plazas voluntarias y en su artículo 94 que la NOM definirá los términos en que se permitirán plazas adicionales a las que tienen presupuesto asignado.
Los cambios a los artículos 353-B y 353-C de la Ley Federal del Trabajo –agrupados en el Capítulo XVI “Trabajos de médicos residentes en período de adiestramiento en una especialidad”- prevén, respectivamente, que la relación laboral queda excluida de un contrato y que, no obstante ello, el residente gozará de prestaciones según lo defina la NOM.
Con esta reforma –argumentó Evelyn Parra- el Estado avanzará en el cumplimiento de su obligación de prestar servicios de salud a que tiene derecho la población mexicana, de allegar la capacitación y las especialización que requieren los médicos, y al respeto de sus derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales.
