En San Lázaro se realizó el XVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y III Internacional sobre el tema en que participaron el Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de Energía (Sener), la Procuraduría Agraria y académicos.
En el evento, auspiciado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), Carlos Humberto Durand Alcántara, doctor en Derecho e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, consideró que “estamos a la vuelta de un conflicto social agrario” por la ocupación total de pueblos con la firma de contratos para explotar los recursos naturales, en el marco de las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica. “Esta tendencia terminará con el suelo rural”, advirtió.
Estos conflictos se sumarán a la complicada situación social y económica que prevalece en el agro nacional, debido a la inseguridad, la falta de oportunidades, el hambre, el desempleo y la migración, por lo que criticó que se privilegien a los grandes negocios, alentados por ese marco jurídico, y se sacrifique a las comunidades originarias.
Preguntó la forma en que se va a frenar el saqueo de bosques y la pérdida de recursos naturales, y cómo se supervisará su aprovechamiento, sin propiciar que “los pobres sean más pobres y las grandes empresas usufructúen la riqueza en su beneficio, sin una distribución equitativa”.
Propuso que los ejidatarios y comuneros se vinculen a los proyectos productivos, vía cooperativas, para hacer vigentes las directrices del Derecho Agrario en México, a fin de lograr respetar y garantizar un desarrollo sustentable a los pueblos indígenas.
Urgió a rescatar el concepto de nacionalismo, mediante un pacto legislativo, para evitar que se pierda la soberanía y supremacía sobre el usufructo de los bienes nacionales, ya que el concepto de excepcionalidad ofrece muchas prebendas a los oligopolios extranjeros, mientras a los más de 35 mil ejidos y comunidades mexicanas los deja sin opciones reales que alienten su desarrollo.
Luis Hernández Palacios, jefe de asesores de la Procuraduría Agraria, alertó sobre la proliferación del “coyotaje” en la negociación de contratos para explotar hidrocarburos y energía eléctrica en los ejidos y comunidades agrarias. “El coyotaje puede ser uno de los grandes riegos de participar en el desarrollo de este nuevo esquema productivo”, advirtió.
Apremió evitar “el intermediarismo nocivo, para generar una verdadera sinergia de colaboración que aliente la equidad y transparencia en el aprovechamiento de la riqueza natural”.
Aseguró que “la Procuraduría y los tribunales agrarios, la Secretaría de Energía, Pemex y la CFE saben que existen núcleos agrarios que ya han establecido acuerdos de asamblea, donde delegan su representación, decisión y firma de contratos en cualquier forma de asociación con empresas energéticas con intermediarios, que obtienen un importante porcentaje por hacer las gestiones en detrimento de los beneficios que pudieran alcanzan los propietarios de la tierra”.
Refirió que “existe un marco de incertidumbre” sobre el impacto social y ambiental que tendrá la Reforma Energética en las comunidades rurales, ya que lo licitado, asignado y establecido en los contratos no contempla a los expertos independientes.
La magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario, Maribel Concepción Méndez de Lara, destacó la necesidad de conocer el impacto social de la Reforma Energética para conocer la problemática agraria y los derechos de propiedad en esas zonas, e identificar si se trata de población vulnerable o indígena, para establecer medidas de prevención, mitigación de daños y planes de gestión social.
Se pronunció por armonizar el procedimiento para celebrar contratos de servidumbre, con evaluación del impacto social y ambiental, así como fortalecer el acompañamiento y asesoría a ejidos y efectuar asambleas para autorizar la ocupación.
Resaltó que se deben lograr acuerdos equitativos y legales con los propietarios, porque “cuando no se respeta la equidad de dar a cada quién lo que le toca, un valor justo, comercial, por la contraprestación de la tierra, pueden venir juicios para demandar la nulidad de contratos y ello afecta la actividad económica, la industria y la economía nacional”.
Se busca, enfatizó, el desarrollo sustentable, el equilibrio entre el inversionista y el titular de los derechos agrarios y que haya simetría en el acceso a la información de ambos.
Rubén Gallardo Zúñiga, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, comentó que el derecho agrario se veía como sinónimo de reparto agrario, “pero después de la reforma de 2014 tenemos una normatividad que involucra temas fundamentales en el desarrollo del país como los hidrocarburos y la industria eléctrica. Evidentemente, el tema agrario es más vigente que hace un tiempo”.
Ello revela interés de dependencias vinculadas a hidrocarburos e industria eléctrica, pero también de los involucrados en la materia agraria.
Enseguida, el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sener, Fernando Zendejas Reyes, indicó que el proceso de validación de contratos de servidumbres “trata de encontrar un justo medio, un equilibrio, para evitar abusos de cualquiera de los dos extremos de la mesa”.
“Busca dar certidumbre a inversionistas privados (que no sientan que están en la indefensión) y empresas productivas del Estado (que se les ve como ‘papá gobierno’ o un pozo sin fondo y se le quiere pedir demasiado), así como evitar abusos a propietarios de tierras (que pudiesen estar siendo engañados por desarrolladores que quisieran pagar menos del valor justo)”.
Explicó que existen cuatro contratos de servidumbre: de ocupación superficial; de servidumbre voluntaria continua; de arrendamiento, y de compraventa del predio. Además, continuó, se han emitido diversas disposiciones normativas y lineamientos para nombrar testigos sociales y se trabaja lo referente a negociación de porcentajes y a lineamientos para el desmantelamiento de instalaciones y abandono del terreno.
Destacó que la nueva legislación da certeza y su finalidad es alcanzar un equilibrio entre el legítimo deseo de desarrollar proyectos energéticos y el derecho de los propietarios a obtener un pago justo por las tierras.
