Serrano Hernández destacó que el carácter obligatorio del servicio social tiene su fundamento en el artículo 24 de la Ley General de Educación, que lo establece como requisito indispensable para la obtención del título o grado académico de estudiantes profesionistas.
Por otra parte, agregó, la Constitución en su artículo 5o. párrafo cuarto, señala que los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.
En tal sentido, precisó, “el servicio social representa una oportunidad idónea para que el estudiante esté en contacto directo con las problemáticas reales de la sociedad; sin embargo, éste se realiza sin una justa retribución al estudiante o profesionista y en su mayoría es totalmente nula, lo que afecta su desempeño”.
Podemos observar, dijo la legisladora, que existe una clara falta de apego a la disposición señalada en la Constitución y en la Ley General de Educación, lo cual ha dado pie a interpretaciones diversas, de tal suerte que algunos estados han tomado provisiones para solventar este problema, mientras que otros han hecho caso omiso.
Citó como ejemplo la Ciudad de México, que reconoce que el servicio social es un trabajo temporal y retribuido que ejecutan y prestan los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado; en contraste, Tabasco entiende el término del servicio social, pero ha excluido su carácter de trabajo retribuido.
“Una situación similar se puede encontrar en otros estados de la República, donde se reconoce el servicio social como obligatorio, pero no retribuido y sí gratuito, lo que es contrario a lo que marca la Constitución”, indicó.
Mencionó que aunque existen esfuerzos del Estado por apoyar económicamente a los jóvenes profesionistas que realizan servicio social mediante becas, aún se está lejos de resolver el problema.
“Tan solo en 2015, el gobierno federal benefició con una beca a 12 mil 893 jóvenes en todo el país, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México tituló a 21 mil 734 estudiantes”.
Por su parte, Álvarez Ortiz señaló que tampoco existe un compromiso para hacer que el trabajo desempeñado por los estudiantes sea reconocido como una actividad profesional que genera experiencia, esto representa una constante queja de los jóvenes que realizan servicio social.
Por ello, a través de esta iniciativa de reforma se busca establecer que las instituciones de educación pública, secretarías de Estado, entidades paraestatales, organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles sin fines de lucro en las que se realice el servicio, expidan una constancia que acredite la experiencia profesional a favor de los prestadores.
Asimismo, precisar que el Instituto Mexicano de la Juventud difundirá en las dependencias y entidades información de los programas relativos a la prestación del servicio social retribuido.
La iniciativa será dictaminada por las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Juventud.
