De esta forma, se establecería por obligación que las Procuradurías de Protección de todo el país elaboren protocolos, lineamientos y planes de restitución de derechos para la atención de este grupo poblacional. “Se debe tomar en cuenta que las niñas, niños y adolescentes que viven, comen y trabajan en las calles son parte de una fenómenos social que viola sistemáticamente sus derechos y garantías básicas como la educación, salud y hogar, afectando directamente su crecimiento y desarrollo”, mencionó la Diputada Maricela Contreras Julián, Integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
La iniciativa que promueven los diputados Jesús Valencia Guzmán, Armando Luna Canales, Javier Guerrero García, Lía Limón García y Maricela Contreras Julián; presidentes de las Comisiones de Derechos de la Niñez, Derechos Humanos, Desarrollo Social, Radio y Televisión así como la Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, respectivamente, prevé también que las autoridades se apoyen en las experiencias obtenidas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y academia, pues son quienes cuentan con experiencia para ofrecer una atención adecuada a esta problemática.
Mediante el informe comparativo “Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de calles, Elementos para repensar las formas de intervención”, publicado en 2008, destaca que esta población ha tenido en su comportamiento, 78% de los entrevistados inició su proceso de integración a la calle entre los 11 y 15 años, sólo 40% utiliza condón al momento de tener relaciones sexuales, 33% son padres o madres y más de la mitad no vive con ellos; 53% compran sus alimentos y 27% la obtienen regalada; al menos 60% ha consumido alguna droga; y que existe un componente de género al momento del tipo de violencia del que son víctimas, pues para las mujeres el principal problema es la violación (60%), para los hombre es la violencia (55%).
Los diputados destacaron que actualmente existen varios vacíos que no les permiten a integrantes de ese sector de la población el disfrute de sus derechos, por lo que urge una metodología clara para que el Estado logre un diagnóstico de la población infantil en situación de calle, conozca cuántos son, por qué viven en dicha situación y sobre todo, cómo abordarla desde una política pública exitosa.
“El objetivo de esta propuesta es garantizar los derechos de niñas niños y adolescentes en riesgo de vivir en calle e integrantes de poblaciones callejeras, a través de las acciones que realicen las autoridades en todos los órdenes de gobierno, además del trabajo de las Procuradurías de Protección y la coadyuvancia de la sociedad civil, con lo cual se orientará la política pública al respeto y promoción de los derechos de este sector de la población”, concluyó Contreras Julián.
