Lamentó que estas expresiones sigan reflejando “vestigios de una sociedad machista y retrógrada que fomenta la violencia de género que, a pesar de los avances logrados, continúan vigente en una sociedad con grandes brechas de desigualdad entre los géneros que la conforman”.
Dijo que es preocupante que el tribunal electoral no haya actuado para dejar claro que desde dicha institución no se permite este tipo de actitudes que sólo representan serios obstáculos para la paridad e igualdad entre hombres y mujeres, por lo que consideró que desde el Poder Legislativo federal se debe actuar y demandar la renuncia del funcionario con carácter de irrevocable.
Igual, propuso que se exhorte a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres para que realice la supervisión, capacitación y el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de igualdad sustantiva que coadyuven con la erradicación de la violencia contra las mujeres de cualquier régimen laboral, áreas y de todos los niveles que prestan sus servicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Exhortó al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y al Consejo Universitario para que, en el ámbito de sus atribuciones, se asegure que los catedráticos de esa casa de estudios se apeguen al alcance y contenido del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM.
La parlamentaria lamentó el acto de “simulación” por parte Sánchez Macías de quien, en un comunicado de prensa, el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que “tomó la decisión de presentar su renuncia a la presidencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.
García Bravo dijo que no basta que renuncie a este cargo, sino que también lo haga al de magistrado. De no ser así, “estaríamos ante un presunto acto de simulación, que sólo confunde a la ciudadanía”.
Consideró que el Poder Judicial de la Federación “de manera certera, congruente, clara e integral”, debe garantizar el derecho a la igualdad y la paridad de género, no sólo en sus resoluciones, que exigen un apego irrestricto a la ley, sino en el actuar de sus funcionarios, ya que comentó:
“La sociedad mexicana requiere que sus servidores públicos no sólo cumplan con el deber de apegarse a derecho, sino que sea respaldado por un deber de ética y vocación de servicio”.
Por ello afirmó que el PRD ve con preocupación que los servidores públicos encargados de salvaguardar los derechos político-electorales y de atraer asuntos de violencia política de género sean los generadores e impulsores de violencia política, social y laboral que desvalora, discrimina y denigra a las mujeres.
