Al respecto, recordó que en junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que implicó cambios profundos en materia penal y sentó las bases para transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal democrático, en concordancia con los estándares de derechos humanos constitucionalmente reconocidos.
Dijo que las modificaciones al sistema de justicia penal que implicó esta reforma, se deben ver reflejadas en la investigación de los delitos, la administración de la justicia y la ejecución de penas.
Para ello, su habilitación se basa en la oralidad como sistema y principio rectores. Ese ha sido el reto para las autoridades, la sociedad y para el sistema educativo.
“En 2015, el Jefe de Gobierno señaló que 58% de los delitos cometidos en la Ciudad de México podrán ser atendidos mediante juicios orales con la posibilidad de que se puedan resolver a través de la mediación, sin necesidad de llegar al Ministerio Público, pero para ello, se requiere contar con defensores preparados”, acotó.
Agregó que el Ministerio Público que deberá actuar con plena autonomía, debe tener la sensibilidad que encara el nuevo sistema para integrar correctamente las investigaciones con el personal ministerial responsable, debidamente capacitados y especializados.
Asimismo, los jueces deben contar con una amplia capacitación judicial que refuerce la transparencia, el principio de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. No menos importante, abundó el legislador, es que el cuerpo policiaco cuente con los conocimientos básicos del sistema para elaborar los formularios correspondientes además de una infraestructura ad-hoc con la nueva realidad.
Mencionó que desde el pasado 18 de junio se opera bajo este nuevo sistema de impartición de justicia en nuestra Ciudad, de ahí que la Constitución de la Ciudad de México, debe reflejar y continuar este esfuerzo para consolidar la modernización y eliminación de vicios del sistema penal.
“Especialmente la Legislación Secundaria, que al final, es la que permite articular y darle agilidad al Sistema y que es responsabilidad encomendada a esta Legislatura, deberá ser cuidadosamente armonizada a efecto de que se constituya en un impulso y no en un lastre. Ello redundará en un sistema mucho más confiable y transparente que brinde y fomente la confianza ciudadana”, concluyó.
