Pidió a la Cámara de Diputados respaldar su reclamo a través de una proposición de punto de acuerdo en el que recuerda las atribuciones y facultades de diversas dependencias del Gobierno Federal para investigar, así como incautar y asegurar bienes indebidamente sustraídos a la hacienda pública.
En particular pidió la pronta intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación en contra de los ex gobernadores de Veracruz, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, Colima y Tamaulipas, así como de sus ex colaboradores, operadores y prestanombres.
Específicamente deben enfatizarse las acciones de la CNBV y la SHCP –dijo- en quienes adquirieron bienes muebles e inmuebles con recursos públicos federalizados o que tienen ilícitamente cuentas bancarias con tales recursos.
A la PGR le requirió que inicie ya las investigaciones que se derivan de las múltiples denuncias sobre corrupción y desvío de recursos de esos ex funcionarios, operadores y prestanombres para que solicite de inmediato al juez las medidas cautelares de extinción de dominio, así como la inmovilización provisional e inmediata de fondos o activos federalizados que ilícitamente posean en el sistema bancario.
Por su parte, a la ASF le pidió una revisión exhaustiva del ejercicio de las cuentas públicas de los estados por parte de Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; Guillermo Padrés, de Sonora; Mario Anguiano Moreno, de Colima; Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, y Eugenio Fernández, de Tamaulipas, en todo lo que se refiere al uso ilícito de recursos federales.
“Como todos sabemos, la situación del país sigue siendo muy delicada. Más allá de la creciente ola de violencia generalizada, inseguridad, delincuencia organizada y narcotráfico, México vive una profunda corrupción e impunidad sin precedentes, lo que ha llevado al hartazgo y rechazo de la sociedad hacia los gobernantes”, señaló en su argumentación.
Frente a esta corrupción sin precedentes –que le cuesta al país 10 por ciento del PIB, equivalente a casi un billón de pesos, y que van en aumento cada año- también ha sido patente la incapacidad de los tres Poderes de la Unión para fincar responsabilidades penales, administrativas y políticas a los responsables.
Lo anterior es cuanto más lamentable si se considera que recién se publicaron, entre febrero y junio pasado, las reformas constitucionales y las leyes en materia de transparencia y anticorrupción, en las que se faculta a las autoridades a prevenir, investigar y sancionar hechos en esta materia.
A pesar de la entrada en vigor de tales ordenamientos y las evidencias sobre desfalcos multimillonarios a las finanzas de los estados mencionados, varios de sus ex gobernadores y sus cómplices están prófugos de la justicia, mientras a otros se les beneficia con cargos diplomáticos en el extranjero, sin que las autoridades de procuración de justicia hayan solicitado al juez, hasta ahora, ninguna orden de aprehensión ni medida cautelar de extinción de dominio
“Más aún: estos ex gobernadores dejaron sus entidades con una deuda que está convertida en una verdadera carga financiera y un lastre sin precedentes, pero –como siempre- tendrán que pagar los platos rotos las y los ciudadanos, situación que no debe más tolerarse ni repetirse”, advirtió.
