El legislador del Grupo Parlamentario del PRD destacó la importancia de que se considere al Instituto como una fortaleza de la soberanía y el desarrollo nacional, responsable de ofrecer educación media superior, superior y de posgrado de calidad.
Dijo que para el IPN y sus organismos auxiliares pueda desarrollar sus funciones sustantivas, se requiere un incremento de por lo menos el seis por ciento de su presupuesto nominal para 2017, es decir, alrededor de mil 109 millones 565 mil 350 pesos.
Este incremento, acotó Ríos Piter, es necesario para mantener la infraestructura adecuada y los niveles de calidad del Instituto Politécnico Nacional.
Dijo que ignorar este planteamiento “implicaría reducir las oportunidades de los jóvenes de nivel medio superior y superior para continuar sus estudios, y generar un ejército de ‘NINIS’, que sin duda alguna son un atractivo para que la delincuencia organizada reclute mano de obra barata para seguir generando descomposición del tejido social, inseguridad y mayor rezago en nuestro país.
“Sabemos del entorno económico nacional, sin embargo, la educación en México es una agenda estratégica para el desarrollo, sobre todo si hablamos de la educación tecnológica, que no debe estar sujeta a coyunturas económicas como las de ahora”, expresó.
El senador destacó que el gasto público que se asigna a la educación debe observar un aumento sostenido en función de los objetivos y metas comprometidos en la política educativa y no afectarse por desequilibrios coyunturales.
El IPN, asentó, tiene una responsabilidad con una sociedad que demanda cada vez mayor educación superior y de mejor calidad, lo que implica que se requiere fortalecer la generación de nuevos conocimientos y de nuevas estrategias de aprendizaje.
En este contexto, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que incremente el presupuesto nominal del IPN en seis por ciento, como mínimo, para renovar la infraestructura deteriorada y los equipos obsoletos, y con ello, ampliar la cobertura, asegurar la calidad educativa y la investigación.
La propuesta se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictamen correspondiente.
