El legislador afirmó que se está buscando el mejor presupuesto para el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios.
De acuerdo con el documento de opinión, el RAN enfrenta una realidad económica que compromete su viabilidad operativa, ya que tiene presiones de gasto en servicios de energía eléctrica, agua y teléfono; arrendamiento de edificios, locales y mobiliario, así como las patentes de derechos de autor.
Por ello, requiere de una ampliación presupuestaria por 300 millones de pesos, para los programas de Modernización del Catastro Rural y de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
La Comisión explica que la propiedad ejidal y comunal representa 50.88 por ciento del territorio nacional, distribuido en 29 mil 683 ejidos y dos mil 393 comunidades que ocupan 100 millones de hectáreas, sobre las que tienen derechos 5.4 millones de personas; de ahí la importancia de darles certeza jurídica sobre los actos que de esas propiedades se realizan.
Por lo que hace a la Procuraduría Agraria, continúa su opinión, requerirá alrededor de mil 358.2 millones de pesos, es decir, 425 millones más que lo asignado en 2016, para los programas de Procuración de Justicia Agraria, Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural y Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
Expone que se busca atender las necesidades de justicia de 25 millones de personas que habitan en el medio rural. “No lograr el incremento, significaría la inoperancia en materia de justicia para los sujetos agrarios y la eventual desaparición del sector”, precisa el documento.
Por otra parte, los Tribunales Agrarios requieren un soporte presupuestal por 458.93 millones de pesos, para el programa de Actividades de Apoyo Administrativo, a fin de continuar su tarea de brindar paz social al campo.
Destaca la importancia de aumentar los recursos económicos para este renglón, pues el país requiere de certeza jurídica que genere inversión.
“Es una postura de seguridad nacional, pues ello requiere un agro fuerte y con rumbo que fomente y consolide la justicia para los sujetos agrarios, y se genere la estabilidad política que se encuentra comprometida en este sector de la economía”.
