También pidió a la Subcomisión de Examen Previo a desahogar dicha solicitud, y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que haga pública la información respecto de la situación de los recursos faltantes en el estado, que ha señalado en distintas auditorías, ocurridos durante dicha administración.
Ortega Álvarez señaló que actualmente el paradero de Duarte es desconocido. “Diversos grupos demandamos medidas precautorias para evitar la fuga. Sin embargo, el gobierno se abstuvo de actuar conforme a derecho, montando un show mediático sin verdaderos esfuerzos por hacer justicia”.
Denunció también que, ante la malversación de recursos públicos, el gobernador con licencia debe ser enjuiciado, pero, sobre todo, se debe recuperar lo que se sustrajo: “El faltante detectado en las finanzas del estado asciende al menos a 35 mil millones de pesos, recursos con los cuales se dejaron de construir hospitales y clínicas, de mejorar el servicio de seguridad pública y procuración de justicia, de proteger a población vulnerable ante fenómenos como huracanes y de atender muchos otros rubros sensibles para la población”.
“Esta sustracción –añadió- ha resultado en saldos trágicos para la ciudadanía; es una de las razones que tienen en crisis a las finanzas públicas estatales y nacionales, y es una de las causas por las cuales se hacen recortes para la atención de necesidades básicas de la población en el presupuesto federal”.
Sumado a lo anterior, el diputado por el Estado de México destacó que medios de comunicación dieron a conocer en recientes días supuestas declaraciones de un abogado de Javier Duarte donde confesaba voluntariamente ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
Entre la información proporcionada dijo ser prestanombres del gobernador de Veracruz con licencia, y que había constituido sociedades de responsabilidad limitada para invertir en inmuebles en Estados Unidos. Estimó los presuntos desvíos de Duarte en al menos mil 500 millones de pesos, aunque –dijo-, sólo le constaban unos 350 millones.
Omar Ortega afirmó que el proceso a seguir frente a esta situación es claro: “La Procuraduría General de la República (PGR) debe remitir a la brevedad la solicitud de declaración de procedencia contra Javier Duarte a efecto de iniciar el juicio de procedencia correspondiente para el retiro de la inmunidad constitucional de la que aún con licencia, éste goza”.
“El órgano encargado de dictaminar la solicitud de la PGR es la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, y es que aunque el partido que lo cobijó durante años señale que con la licencia, él ha perdido el fuero, esto es falso. No podemos olvidar el caso de José Luis Abarca Velázquez, edil con licencia a quien se le buscaba por los hechos de violencia ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y al que en octubre del mismo año se le retiró la inmunidad constitucional de la que aún con licencia, gozaba. Todo cargo de elección popular es irrenunciable”, destacó.
Ortega Álvarez recordó que el fuero o la inmunidad constitucional es un privilegio del que los funcionarios públicos se han valido y abusado reiteradamente para cometer ilícitos, saquear la hacienda pública y gozar de impunidad, por lo que necesita ser limitado de manera inmediata.
Asimismo, indicó que tampoco se puede dejar de mencionar las solicitudes de juicio político pendientes en contra de Javier Duarte, puesto que el Juicio de Procedencia para retirar la inmunidad constitucional y permitir a las autoridades aprehender al presunto criminal, es un caso, y otro es el de juicio político.
El artículo 110 constitucional establece que las sanciones del juicio político consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
“En este sentido –concluyó-, el juicio político pareciera un proceso diseñado para ser largo, tortuoso y limitado. Sin embargo, ningún proceso de justicia debe ser descartado per se. Tanto es así, que nunca en la historia de nuestro país ha tenido lugar un juicio político, hecho que no podemos soslayar”.
