La presidenta de la Comisión Especial de Trata de Personas, diputada Julieta Fernández Márquez (PRI), dio a conocer lo anterior al destacar que no existe relación entre cantidad de casos que se presentan y los atendidos, por lo que “no podemos hablar de cifras oficiales sobre la cantidad de víctimas en el país”.
En reunión de trabajo, la legisladora dijo que el presupuesto para el 2017 no prevé asignación de montos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las víctimas, por lo que se requiere asignar recursos.
Luego de ser aprobado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la actual Legislatura, Fernández Márquez resaltó que el daño moral, social y corporal que sufren las víctimas es tan grande que requieren una reparación del daño y rehabilitación integral.
Precisó que se necesitan más albergues que brinden una atención adecuada, por lo que pugnarán para que se asignen recursos al fondo en mención. “Sabemos que hay recortes presupuestales, pero es indispensable que escuchemos a las víctimas”, acotó.
El Plan de trabajo destaca que de las víctimas a nivel local, 93 por ciento son mujeres y 26 por ciento menores de edad, de estos 88 por ciento son mexicanos y sólo 8 por ciento extranjeros.
Agrega que las entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas fueron Puebla, 375; Chiapas, 315; Ciudad de México, 113; Oaxaca 108; Baja California, 95 y Estado de México, 95.
De acuerdo a cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su Diagnostico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México de 2014, la mayor parte de las víctimas de trata son mujeres con fines de explotación sexual, se menciona en el plan de trabajo.
Señala que el combate contra la trata de personas no ha sido un camino sencillo, ya que antes del 2003 México no contaba con un instrumento jurídico a través del cual se pudiera atacar el fenómeno.
Sin embargo, refiere, el escaso número de averiguaciones previas y sentencias motivaron que en el 2012 se incorporarán reformas a la Carta Magna, mediante las cuales se facultó al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de trata de personas.
Motivo por el que el 14 de junio de ese año se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, a través de la cual se permitió un enfoque del fenómeno con miras a combatirlo de manera global, no sólo tipificando y penalizando el delito, sino introduciendo acciones y medidas de prevención, protección y asistencia a las víctimas, puntualiza el documento.
