Durante su novena reunión de trabajo, la legisladora Orantes López afirmó que estas reformas permiten crear una gestión integral del riesgo y salvaguardar el patrimonio y la vida de los ciudadanos.
Los integrantes de este órgano legislativo coincidieron en la necesidad de reformar este ordenamiento jurídico, a fin de establecer una metodología para investigar los riesgos y prevenir daños o pérdidas ante la presencia de un fenómeno perturbador, en la que se incluyan los factores físicos, sociales, económicos o ambientales.
La reforma busca generar condiciones que propicien la prevención y la autoprotección en las demarcaciones políticas de la Ciudad de México.
El documento detalla que los Atlas de riesgo deberán integrar información a nivel municipal y de las demarcaciones políticas de la Ciudad de México, así como el Manual de Coordinación, Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, elaborar campañas de difusión de la cultura de la prevención, con especial énfasis entre los habitantes de zonas vulnerables relacionados con la protección civil.
La proponente de la iniciativa, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (Nueva Alianza), resaltó que la prevención en materia de protección civil es fundamental para contener y minimizar los efectos negativos que los desastres naturales pueden llegar a generar, ya que al identificar tanto sus causas como sus efectos, se puede alertar a la población y de ese modo evitar tragedias.
La legisladora Noemí Zoila Guzmán Lagunes (PRI) expresó que esta iniciativa refleja la problemática del incremento de desastres en México y cómo protección civil está enfocada a reducir las causas de fondo, y cuáles son las que están originando este tipo de desastres.
Los diputados avalaron un dictamen que plantea establecer mecanismos de coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para incluir sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica para la operación de redes públicas de telecomunicaciones, y protocolos para proveer su uso continuo ante emergencias y desastres naturales.
De igual manera, determinar mecanismos y protocolos para evitar que los servicios que ofrezcan a sus usuarios, no se vean interrumpidos por falta de suministro de energía eléctrica, ante situaciones de emergencia y desastres naturales, por un plazo no menor de 48 horas.
