Se busca que dentro de las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se precise el derecho de esta población a acceder a dichas tecnologías informáticas, incluido el Internet y banda ancha, y que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, implemente acciones que propicien este aprendizaje.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2014 había en el país aproximadamente 11.7 millones de personas de 60 años y más, 9.7 por ciento de la población. Además, el Consejo Nacional de Población (Conapo), pronostica que para 2050, únicamente 1 de cada 10 mexicanos tendrá menos de 15 años, proporción casi idéntica a la de personas adultas mayores, quienes representarán 21.5 de la población.
Actualmente el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) imparte cursos de computación a nivel básico a Internet, toda vez que considera que el cambio generacional ha creado necesidades en relación con las tecnologías de la información y comunicación.
“Las personas adultas mayores requieren una tecnología útil, funcional y de fácil manejo; por lo que la computadora ofrece a dichas personas una herramienta fundamental para realizar actividades laborales, lúdicas, culturales, de investigación, recreativas, entre otras”, añade.
El dictamen precisa que todavía hay una gran parte de personas adultas mayores que no tienen acceso a dichas tecnologías digitales, debido a sus costos tan altos, por lo que el Estado tiene una gran responsabilidad para hacer que dichos conocimientos sean accesibles al mayor número de dichas personas.
Por ello, es primordial que esta población cuente y goce a cabalidad con el derecho a la accesibilidad a las tecnologías de la información y a las comunicaciones, incluido el Internet, proporcionándoles una mejor forma y calidad de vida, para que sigan siendo útiles.
Emite comisión opinión sobre el PEF 2017
La comisión también aprobó su opinión respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, para emprender una redistribución justa sin afectar áreas que estaban siendo recortadas en el proyecto del Ejecutivo federal, sino únicamente observar cuáles estaban teniendo más ingresos de lo que gastaron en ejercicios pasados.
El documento precisa que en esta materia existen 35 programas presupuestarios, 33 integrados para 2017 y dos no aparecen.
Se determinó que en el ramo de Educación, en el Programa Nacional de Becas, que tiene la clave S243, tuvo un presupuesto de 13 mil 700 millones y en 2015 se ejercieron únicamente 10 mil 400 millones, es decir un subejercicio del 23 por ciento; para este 2017, se programan 10 mil 700 millones, es decir, casi 220 millones por encima de lo que se ejercicio en 2015.
Por tanto, se piden que 100 millones de ese programa se reserven para reasignar dentro del mismo ramo 11. Bajo esta condición, se solicitan 40 millones dentro del Programa Nacional de Convivencia Escolar, para un total de 140 millones.
En la parte de reasignaciones, se demanda que en el Programa de Educación Inclusiva, en lo relativo a Educación Especial para Niños con Discapacidad, que es el Programa para la Inclusión Educativa, con la unidad responsable 312-Dirección General de Desarrollo Curricular, se pase de 47 millones 97 mil 906 pesos a 187 millones, con la idea de equiparar lo que había recibido en 2013.
Respecto al ramo de salud, plantean que dentro del ramo 12, en el Programa para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, se reserven 300 millones para redistribuirlos. En el Programa de Prevención y Atención de VIH y otras enfermedades de Transmisión Sexual, proponen reservar 35 millones para el Programa de Estancias Infantiles de Madres Trabajadoras; 25 millones, al Seguro Médico Siglo XXI, y 180 millones a Salud Materna, Sexual y Reproductiva.
En el planteamiento de redistribución, sugiere la comisión, asignar al Instituto Nacional de Rehabilitación; con dos posibilidades: tomar reservas del ramo 12 y destinar 600 millones para Infraestructura Física de Instituto, o en su defecto, que no se incluyan los 300 millones para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud, y nada más se quiten 300 millones y reasignarlos al Instituto.
En el ramo 20, se propone que en el Programa de Estancias Infantiles para Ayudar a Madres Trabajadoras, el cual está teniendo una programación de 245 millones por encima de lo que ejercieron en 2015, se reserven 30 millones, para reasignarlos en Conadis y tener un delegado estatal por cada entidad federativa para superar la problemática en la ejecución de sus programas.
Respecto al ramo 23, Previsiones Salariales y Económicas, en 2016, sin antecedente en 2015, se observó que el Programa de Subsidios a las Tarifas de Energía Eléctrica recibió 30 mil millones de pesos, pero en 2016 no hay información de cómo se distribuyó. Para 2017, se programa 13 mil 117 millones por encima de lo que recibió en 2015.
Para salvar al Fondo de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, se platea tomar el 1.39 por ciento del total de lo que se está programando al Programa de Subsidios a las Tarifas de Energía Eléctrica y destinarlo al 100 por ciento del Fondo de Accesibilidad, para que cuente con 600 millones de pesos.
El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputado Luis Fernando Mesta Soule (PAN), sostuvo que el Fondo de Accesibilidad debe salvarse, pues en este ejercicio presupuestal este rubro se ejecutó al 95 por ciento, entonces como se puede pensar en eliminarlo.
“Los integrantes de la comisión estamos conscientes de que el presupuesto para este rubro es insuficiente, pero por lo menos se debe lograr su rescate y posteriormente buscar mayores recursos. Se tiene la labor de garantizar que los recursos destinados a los grupos vulnerables sean distribuidos de manera eficiente; de lo contrario, se tiene el peligro que estos sean recortados”, añadió.
Eloisa Chavarrias Barajas, diputada del PAN, señaló que es preocupante el recorte a los programas, particularmente en el tema de adultos mayores con discapacidad; si bien es cierto que existen entidades que no ejercieron sus recursos, no es justo que se castigue a quien si cumplió con su deber; por ello, es necesario se atienda este asunto.
La también panista María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, mencionó que los integrantes de la comisión tendrán la tarea de cabildear en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el objetivo de que la opinión no sólo se quede en esto, si no que se tome en cuenta.
