Explicó que la Ley Federal de Derechos que se discute hoy (ayer), tiene como propósito garantizar que los derechos que se cobran por los bienes y servicios que provee el sector público, se ajusten a los costos que implica proveer los servicios y el aprovechamiento de los bienes.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI, hace una serie de propuestas, entre ellas el de exentar el pago de derechos por la compulsa de documentos para la tramitación de credenciales para votar en el extranjero. También, exentar el pago de derechos por la autorización para el acceso a la multiprogramación cuando se vincule a concesiones para uso social comunitario o indígena.
De igual manera, con el propósito de otorgar un apoyo a nuestros connacionales que están en el extranjero y que no les es posible retornar a su tierra, se propone otorgar un 50 por ciento a los mexicanos que deseen otorgar testamento público o abierto en una oficina consular.
Reveló que actualizar las cuotas de no residente, es un tema en el que han coincidido las distintas fuerzas políticas en el Senado, lo que permitirá al Instituto Nacional de Migración contar con los recursos para atender a la población migratoria de una manera más digna.
Albarrán Mendoza, en su segunda intervención en la tribuna más alta de la Nación, señaló que a partir del diálogo económico entre México y Estados Unidos y La Cumbre de Líderes de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, se buscará fortalecer los mecanismos bilaterales actuales, para acelerar los flujos migratorios evitando la duplicidad de esfuerzos.
Por otra parte, comentó que el costo para conseguir inmuebles inhibe el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones de nuestro país, por lo que propuso, a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, derogar el derecho por el uso de esos inmuebles.
Es decir, señaló, ahora le corresponderá al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales establecer la contraprestación que los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión, y en su caso, los desarrolladores de infraestructura deberán pagar por el uso y aprovechamiento de esos bienes inmuebles.
El senador guerrerense dijo que con la intención de que la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) cuente con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para garantizar la adecuada operación y administración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de estados y municipios mineros, se plantea modificar el segundo párrafo del artículo 275, de la Ley Federal de Derechos, para así, asignar el 2.5 por ciento de la recaudación total que se obtenga de los derechos mineros.
