Exhorta senador Albarrán Mendoza a STPS e INM coadyuvar en inclusión laboral de discapacitados

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Albarrán Mendoza, quien hoy fue designado integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en sustitución del también senador con licencia Raúl Cervantes Andrade, expuso que en nuestro país viven casi ocho millones de personas con algún tipo de discapacidad, cifra que equivale al 6.6 por ciento de la población total.

“Son personas que no han sido integradas plenamente a la sociedad y basta mencionar que siete de cada diez mexicanos consideran que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan, o sólo se respetan en una sola parte. Además, una cuarta parte de la población, no estaría dispuesta a que en su casa vivieran personas con discapacidad”, reveló Albarrán Mendoza desde la más alta tribuna de la Nación.

Manifestó que sólo el 19 por ciento de la población con discapacidad considera que sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades, ya que la falta de oportunidades para estudiar, el desempleo, la discriminación y las dificultades para ser autosuficiente, son los principales problemas que enfrentan todos los días.

Por lo anterior, agregó, la incorporación al sistema educativo de las personas con discapacidad resulta una condición sine qua non para potenciar sus competencias y habilidades, a fin de que se les permita un desarrollo pleno y su inclusión en el mercado laboral.

Reveló que mientras el 25 por ciento de los jóvenes, entre 15 y 24 años de edad con alguna discapacidad son analfabetas, el 1.5 por ciento de la población general se encuentra en esa situación. La gran mayoría, dijo, tiene un perfil ocupacional de baja calificación.

Para finalizar, señaló que en el Grupo Parlamentario del PRI hay pleno reconocimiento hacía el Gobierno de la República, por incentivar la inclusión de las personas con discapacidad a través de una estrategia integral establecida en el Programa para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, por ser un programa que incorpora los derechos de las personas con discapacidad en la administración pública y busca mejorar su acceso a servicios de salud, sobre todo, a la atención especializada.